El Ayuntamiento de Vila presentó ayer sus alegaciones al anteproyecto de ley que modifica la Ley 8/2012 de turismo balear que regula las viviendas turísticas en edificios plurifamiliares. En ellas el equipo de gobierno progresista ha pedido la supresión del artículo que da la potestad al Consell d'Eivissa de saltarse el preceptivo informe municipal y legalizar la comercialización de estancias turísticas en determinadas zonas «por causas justificadas relativas al control de la legalidad y a la ordenación urbanística y territorial de carácter supramunicipal o insular, en la que se incluyen aspectos relativos a infraestructuras, equipamientos, servicios y, en general, a actividades de explotación de recursos en el ámbito de la ordenación turística insular».
De esta manera lo que buscan desde el Ayuntamiento de Vila es que los informes municipales sean vinculantes a la hora de permitir o no los pisos turísticos y que el Consell no tenga la última palabra. Una situación que la normativa que ha preparado el Govern ya prevé con Palma, la ciudad con quien Vila quiere equipararse. «Eivissa también es capital y nosotros tenemos una dificultad de acceso a la vivienda que es un drama y pedimos que se entienda la situación especial de nuestra ciudad», destacó el alcalde de Vila, Rafa Ruiz, semanas atrás. Los cinco alcaldes de la isla se han mostrado partidarios de que el alquiler turístico en pisos continúe prohibido.
Según el borrador, se entenderá que una vivienda se está comercializando con uso turístico «cuando no se pueda acreditar que la contratación efectuada sea conforme a la legislación sobre arrendamientos urbanos o rústicos o a una otra ley especial». Además, será necesario un acuerdo de la junta de propietarios en el que la mayoría acepte expresamente la posibilidad de comercialización turística de las viviendas si es que los estatutos de la comunidad no lo impiden de manera tácita.
LA NOTA
Torres ahora considera un «error» mezclar usos en pisos
El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Torres, señaló la semana pasada en una entrevista publicada en este rotativo que sería «un error histórico mezclar turistas con residentes». El máximo mandatario insular destacó que «siempre he defendido una nueva regulación para dotarnos de mejores instrumentos, pero nunca he defendido que se legalicen los alquileres turísticos». Torres defiende la normativa elaborada por el Govern balear «para poder perseguir este tipo de alquileres» y señala que hay «entre 40.000 y 50.000 camas que son alquileres turísticos alegales».
Vicent Torres aseguró en la entrevista que han pedido al Gobierno la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) «pero el Ministerio no nos ha hecho ni caso».