Amparo Cortés, su marido y sus tres hijas fueron desalojados de la casa donde vivían en la calle Alt de sa Penya en el dispositivo policial que se llevó a cabo en abril para vaciar la denominada UA27, el degradado bloque de viviendas de este barrio.
«Vi cómo destrozaron mi casa y caí enferma a los dos días de salir de allí», cuenta Amparo, que está en tratamiento psicológico por depresión y ataques de ansiedad desde entonces tal y como señalan los informes médicos que tiene en su poder.
A pesar de que, tras el desalojo, ella y su marido aceptaron marcharse con sus hijas a Mallorca al piso que el Ayuntamiento de Eivissa les ofreció, Amparo asegura que se vio incapaz de trasladarse a la otra isla por sus problemas médicos. Desde entonces, Amparo ha seguido acudiendo a los Servicios Sociales de Vila para pedir una vivienda en Ibiza aunque, según afirma, «no me dan otra solución que irme a Mallorca porque dicen que aquí el Ayuntamiento no tiene viviendas pero nosotros somos ibicencos de toda la vida y queremos seguir aquí».
Refugio de drogadictos
Una vez desalojados, la pareja y sus hijas vivieron unos meses en casa de un familiar hasta que, el pasado mes de noviembre, decidieron ocupar una casa vacía de la calle Vista Alegre que servía de refugio a los numerosos drogadictos que deambulan normalmente por el barrio. «Decidimos meternos aquí porque una familia necesita una casa para poder vivir», afirma Amparo, quien recalca el mal estado de la vivienda cuando entraron, llena de suciedad y botellas vacías, y con el inodoro y los interruptores de la luz arrancados.
Cuando ocuparon la casa, Amparo y Francisco la limpiaron y la arreglaron y ahora tiene un buen aspecto. A pesar de eso, tienen miedo de que los echen de la casa y por eso han colocado cartones en las ventanas para evitar que los vecinos los vean y los denuncien ante la Policía. «No salgo a la calle porque tengo miedo de que nos vuelvan a desalojar otra vez», se lamenta.
Francisco, su marido, tienen un 66 por ciento de discapacidad porque es sordo y cobra una paga no contributiva de 366 euros al mes aunque, en unos días, se incorporará a un puesto de trabajo para discapacitados en una empresa de la isla.
Amparo Cortés asegura que la vivienda donde residen es de propiedad municipal, al igual que otras dos situadas al lado y que están vacías desde hace tres años y tapiadas para evitar ocupaciones.
Por eso, ha enviado un escrito al IBAVI para que le proporcionen una vivienda o para que le dejen seguir viviendo en la casa a cambio de un alquiler social que puedan pagar.
Son los últimos desalojados de sa Penya que todavía no han encontrado una solución. El resto de familias han encontrado trabajo y vivienda. Los más afortunados se han quedado en Ibiza pero, según cuenta, los que se fueron a Mallorca y a otros lugares de la península «están muy mal porque no encuentran trabajo».