Una comisión judicial ejecutó ayer por la mañana el alzamiento de una de las viviendas de los apartamentos ses Roques, en Cala Llonga. El apartamento objeto del desahucio, el 201, era el que ocupaba el hasta ahora administrador del inmueble, Antonio Borregón, quien mantiene un litigio con los dueños del inmueble y ahora podría ser denunciado por algunas de las familias que le alquilaron un apartamento pensando que «todo estaba correcto».
Este alzamiento era el único previsto para el día de ayer a pesar de que entre los vecinos del inmueble planeaba la incertidumbre de que el desalojo afectaría a todo el inmueble.
Un grupo de unos veinte vecinos se concentraron ante la entrada del edificio. Allí esperaron la llegada de la comisión judicial que se produjo en torno a las 11 horas.
En la zona también se encontraban los herederos legales de la propiedad, dos patrullas de la Guardia Civil, una de la Policía Local de Santa Eulària y dos trabajadoras de Servicios Sociales.
El alzamiento del apartamento se llevó a cabo sin ninguna oposición. Borregón lo había abandonado previamente. Mientras tanto, las trabajadoras sociales tomaban nota del número de inquilinos con niños pequeños y de la situación en que se encuentran estas familias.
Uno de los acompañantes de los propietarios hizo ver a los inquilinos que todos son «víctimas de una gran estafa por parte de Borregón. Pepe (el propietario del edificio) ha perdido mucho desde 2015», señaló. Según los cálculos realizados, el antiguo administrador habría ganado en los últimos años cerca de medio millón de euros.
Entre los inquilinos se encontraban familias que ya estaban presentes en los dos primeros desalojos que fueron aplazados a finales de 2016. Pero ayer también habían nuevos inquilinos. Entre ellos estaba Carol, quien llegó en diciembre. «Encontrar una vivienda en Ibiza es una misión imposible. El administrador me llamó y me dijo que ya estaba todo solucionado y que podía entrar a vivir. Necesitábamos una casa porque tenemos dos hijos». Los propietarios apuntan que el suyo y otros tres contratos fueron las «últimas tretas de Borregón». Además, subrayaron que no pueden asumir los alquileres hechos por el anterior administrador porque incurrirían en un delito. Los apartamentos son turísticos.
Los inquilinos deberán buscar de forma inminente otra casa ya que el corte del suministro de agua es inminente.