El Ayuntamiento de Eivissa se convirtió en uno de los principales propietarios de terrenos en ses Feixes des Prat de Vila después de los trámites que se llevaron a cabo para la urbanización de la zona durante el primer mandato de Xico Tarrés como alcalde de la ciudad, entre los años 1999 y 2003.
En aquella época, como hoy, estaba vigente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 1987 por el que dichos solares se convirtieron en suelo urbanizable. Una clasificación que los propietarios de la Unidad de Actuación (UA) 12 (justo la zona que no se quemó en el incendio del lunes) aprovecharon para elaborar un proyecto de urbanización que cedía al Ayuntamiento los metros necesarios para la construcción de las calles (cerca de 3.000 m2) así como un solar para equipamientos municipales de 2.000 m2. Una operación que también llevaron a cabo los propietarios de la UA–8, la zona que se llevó la peor parte en el incendio.
En septiembre de 2001, la Junta de Compensación de la UA–12 y el Ayuntamiento de Vila sellaron la reparcelación de la zona ante notario, lo que convirtió al Consistorio en el propietario mayoritario de esta unidad de actuación. Sin embargo, el martes el alcalde de Vila, Rafa Ruiz, culpó a los dueños de los terrenos de la suciedad acumulada en ses Feixes. «Es responsabilidad de los propietarios tener los terrenos en condiciones», apuntó el socialista.
Además de la cesión de terrenos, los propietarios de la UA–12 pagaron al Ayuntamiento de 52 millones de pesetas (más de 312.000 euros) en concepto de cesión del 10% de aprovechamiento urbanístico medio, explican fuentes conocedoras del caso. Una cifra que se elevó hasta los 120 millones de pesetas (más de 721.000 euros) con el pago de los casi 70 millones que realizaron los propietarios de la UA–8 (con una mayor superficie que las UA-12) por la cesión de terrenos al Ayuntamiento.
Sin embargo, y a pesar de que el pleno de la Corporación durante el último mandato del ‘popular' Enrique Fajarnés (1995–1999) al frente del Ayuntamiento de Eivissa aprobó el estudio de detalle de la urbanización de la UA–12, el proyecto de urbanización nunca se llegó a ejecutar y en noviembre de 2007 el Govern balear aprobó una moratoria urbanística por el inicio de la revisión del PGOU que culminaría con la aprobación de un nuevo planeamiento urbanístico ya con la socialista Lurdes Costa como alcaldesa de la ciudad. Un nuevo PGOU que en febrero de 2015 fue anulado por el Tribunal Supremo por un defecto de forma al haberse aprobado sin contar con la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica.