El Ayuntamiento de Eivissa se ha marcado como objetivo llegar al año 2019 con ‘deuda cero' y, para ello, ha anunciado la puesta en marcha de un plan de amortización que consistirá en pagar todos los préstamos que el Consistorio tiene con diferentes entidades a lo largo de los dos próximos años.
Según explicaron en rueda de prensa el alcalde de Vila, Rafa Ruiz, y el primer teniente, Alfonso Molina, el primero de estos pagos se producirá previsiblemente el mes que viene y ascenderá a 12,4 millones de euros procedentes de los 22 millones de euros que el Ayuntamiento, a un ritmo de entre 6 y 7 millones anuales, ha acumulado como remanente en los últimos cinco años.
De los 10 millones que quedarán de remanente, el Ayuntamiento está estudiando destinar una parte a inversión sostenible. «Vamos a utilizar este dinero de la manera más inteligente teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos», señaló Molina en referencia al límite de gasto que establece la denominada ‘ley Montoro' de estabilidad presupuestaria.
Sin nombrar al ministro de Hacienda, Molina considera que esta ley, «aparte de ser una ley mala es también una mala ley», dado que, según dijo, «está mal hecha y sus fines son malos». «Pone en el mismo saco a los Ayuntamientos endeudados y a los que tenemos una situación saneada», añadió.
En este sentido, Alfonso Molina manifestó que Vila seguirá trabajando activamente para lograr una financiación justa porque, afirmó, «la libertad de gestión municipal que reconoce la Constitución no se está llevando a la práctica».
Por otra parte, el Consistorio prevé amortizar en 2018 los 6,8 millones que quedarían de deuda municipal, lo que supondrían liquidar el resto de préstamos. Saldando todas las deudas, los 3 millones de euros que se contemplan en los presupuestos de cada año para la amortización de créditos se podrían dedicar a llevar a cabo diferentes proyectos municipales.
Asimismo, el alcalde de Vila destacó que la liquidación de las cuentas municipales del pasado año se ha cerrado con una ejecución del 85,6 por ciento «a pesar de los augurios de la oposición». Una cifra que aumenta hasta 94,14 por ciento en la ejecución global.
Ruiz y Molina también hicieron hincapié en la reducción del periodo medio de pago a proveedores, que actualmente se sitúa en 3,99 días. «La anterior cifra, de 5,5 días, ya parecía insuperable pero de nuevo la hemos mejorado», se vanaglorió Molina, quien también destacó que, cuando llegaron al equipo de gobierno en 2015, el plazo medio en que se pagaba a los proveedores era de 42,74 días, lo que supone una reducción de más del 90 por ciento.