«La LAU [Ley de Arrendamientos Urbanos] establece que las Comunidades Autónomas pueden regular o no los alquileres turísticos. En Balears lo tenemos regulado, por lo que en los casos de alquileres en canales de oferta turística la LAU no es de aplicación. Lo que hay son excusas por desconocimiento y una falta total de voluntad política». La frase es del abogado especializado en Derecho Público y tesorero del Ayuntamiento de Sant Josep Sergio Carrasco, quien asegura que en comunidades como Catalunya o Andalucía sí se sancionan estos arrendamientos y que existen sentencias que ratifican dichas sanciones.
Las críticas surgieron ayer en respuesta al director insular de Turisme, Vicent Torres ‘Benet', quien lamentó que el Consell tiene «las manos atadas» frente a esta problemática por la «imposibilidad de demostrar que se hace un uso turístico y no residencial» del inmueble. Para Carrasco, «el contrato no es de la LAU porque la parte interesada lo diga». «Los tribunales dicen que el tipo de contrato depende de su verdadera naturaleza, no de lo que diga la parte. Lo que se está es mareando la perdiz», sostiene el letrado ibicenco, quien reitera que existe «una falta de interés para detener el alquiler turístico».
Para Sergio Carrasco, este tipo de declaraciones «aumentan esta percepción de impunidad, y quienes alquilan pisos a turistas lo hacen con más libertad y sin preocupaciones».
Patronal hotelera Su análisis es compartido por la patronal hotelera de Ibiza y Formentera, que exige al Govern balear que prohiba el alquiler turístico en pisos y apartamentos plurifamiliares de forma explícita en el reglamento autonómico en el que trabaja.
En sintonía con Carrasco, el presidente de los hoteleros, Juanjo Riera, recuerda que el apartado ‘e' del artículo 5 de la LAU sobre arrendamientos excluidos de su aplicación establece «la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando está sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial». Según Riera, «los políticos de Ibiza están para defender los intereses de los ibicencos» y lo que percibe, asegura, «es falta de voluntad política».
Mientras tanto, el abogado, politólogo e ingeniero ibicenco afirma estar recibiendo multitud de consultas porque «ahora se están resolviendo muchos contratos para los alquileres de temporada o turísticos», una tendencia que no cree que mitigue la futura Ley balear. «Estamos viendo algunos borradores que se están tramitando y no tiene buena pinta. Es posible que la situación se agrave en los próximos años», advierte.
LA NOTA
Los afectados no quieren que Podemos politice las protestas
El portavoz de la plataforma ‘Ibiza afectados con los alquileres', Luis Gonzaga, aseguró ayer que mañana mantendrán una reunión con dirigentes de Podemos Ibiza de cara a la concentración organizada por su filial Vamos!, el sábado a las 12 en el Parc de la Pau, de cara a secundarla o mantenerse al margen: «Compartimos algunos puntos y nos apoyaron el pasado sábado, pero somos independientes y si le dan un enfoque político, nos abstendremos».