El Consell d'Eivissa y el Govern tuvieron ayer una primera reunión para acordar que trabajarán en una hoja de ruta para ofrecer soluciones a corto, medio y largo plazo a la falta de vivienda a precios asequibles en la isla de Ibiza.
Durante la reunión, que se celebró a tres bandas entre el presidente Vicent Torres, la vicepresidenta Viviana de Sans y el conseller Marc Pons, se estudió «todo un abanico de posibles actuaciones y, finalmente, se acordó convocar una nueva reunión de aquí a dos semanas con el objetivo de aprobar una hoja de ruta para comenzar a aplicar soluciones a corto plazo», según informaron desde la máxima institución insular.
El conseller de Habitatge del Govern destacó que no descartan construir viviendas de protección oficial (VPO) en Ibiza, así como tampoco descartan comprar pisos para hacerlos de protección oficial, unas medidas que se concretarán junto a otras en el plan en el que están trabajando y que se presentará en dos semanas. «Desde el Govern somos plenamente conscientes de la problemática de Ibiza, que pide acciones claras y contundentes», explicó el conseller Marc Pons a la salida de la reunión, quien recordó que el problema de la vivienda es «complejo y estructural. La única manera de abordarlo es hacerlo juntos entre administraciones, de manera coordinada y dentro del marco de nuestras competencias». Por su parte, la vicepresidenta Viviana De Sans insistió en la improtancia de que el Govern «sea consciente de que Ibiza está sufriendo una situación de emergencia habitacional y es el paradigma de esta burbuja inmobiliaria y que se afronte una hoja de ruta que incluya medidas a corto plazo porque la sociedad ibicenca no puede esperar». Estas medidas a corto plazo pasarían, según explicó, por incrementar la bolsa de vivienda social, así como que el Govern aumente los servicios que ofrece el Ibavi en Ibiza.
De Sans precisó que se han iniciado contactos con los ayuntamientos para coordinar políticas sociales y de vivienda que permitan actuar con rapidez. El conseller Pons también destacó que el Ejecutivo autonómico vigilará el uso que se hace de las 1.400 viviendas que existen en la isla de Ibiza, de manera que un uso no adecuado podría acarrear, incluso, la pérdida de la misma.