La dramática situación que sufre la isla en materia de alquileres y vivienda ha dado el salto al ámbito nacional ahora que, a las puertas de la temporada turística, tanto las empresas relacionadas con el sector servicios como las administraciones públicas están teniendo muchas dificultades para reforzar sus plantillas. De hecho, están perdiendo empleados.
Esta semana la mayoría de las cadenas privadas de ámbito estatal se han hecho eco de una situación que se está desbordando, y que ya ha expulsado de Ibiza a numerosos residentes e incluso a familias enteras.
Alquilar un inmueble en la mayor de las Pitiusas se ha convertido en una misión imposible para los que acuden a ella por trabajo temporalmente. Los precios por arrendar un apartamento o una habitación son en ocasiones disparatados y cada cual campa a sus anchas fruto del clima de impunidad en la lucha contra los alquileres irregulares y abusivos. A la falta de recursos en la administración se une una ausencia de determinación y valentía para detener la hemorragia y castigar con dureza a los infractores.
Los precios desorbitados y la falta de alojamiento hacen que algunos trabajadores hayan llegado a dormir en la calle, en furgonetas y en otras ‘viviendas' improvisadas como tiendas de campaña, tips, barcos, casetas o chamizos.
La presencia de mafias que se dedican a alquilar apartamentos y bloques enteros de pisos para luego realquilar, cada estancia, por días, semanas o meses a trabajadores y turistas ha contribuido a la escalada de los precios.
Lo ha dicho el propio Simón Planells, economista y miembro del PSOE ibicenco, en el programa Espejo Público de Antena 3: «Vienen personas italianas e inglesas que alquilan una cartera de pisos y luego los realquilan por días o semanas, fraccionando el piso en habitaciones para hacer ‘el agosto'; se saltan cualquier normativa y no tributan por esta actividad».
Muchas de estas estancias irregulares se anuncian con aparente libertad en redes sociales como Facebook, donde los abusos encolerizan a multitud de usuarios, y en plataformas como Airbnb, HomeAway o Milanuncios, entre otras muchas. Aunque en Balears la comercialización de pisos y apartamentos en bloques plurifamiliares para uso turístico está prohibido, las administraciones parecen incapaces de frenar la avalancha de anuncios.
El Govern balear (PSOE y Més) lleva un año y medio tramitando un nuevo reglamento autonómico con el que pretende legalizar el sector y ceder a los consells y ayuntamientos su regulación. Mientras tanto, el principal partido de la oposición, el PP, pide la prohibición del alquiler de pisos a turistas en zonas residenciales.
Podemos, por su parte, dice que «no permitirá» que en la isla «ninguna vivienda pase a uso turístico», y exige que la nueva ley dote al Consell de herramientas que permitan «una mejor definición de los alquileres turísticos que incluyan las nuevas formas digitales de comercialización, un régimen sancionador que prevea multas elevadísimas y realmente disuasorias, una simplificación y agilización del procedimiento inspector y sancionador, y un refuerzo notable del cuerpo de inspectores de Turismo, con mínimos establecidos por ley y de obligado cumplimiento».
LA NOTA
24.000 al mes, 2 habitaciones
La escalada de precios por alquileres temporales en Ibiza alcanza cotas estratosféricas, como el de un piso de dos habitaciones en Marina Botafoch que se comercializa en internet por 24.000 euros al mes. Otros anuncios que han escandalizado a la población ibicenca son el de una habitación que se alquila exclusivamente a «chica bisexual o lesbiana», el de una autocaravana para dos personas por 800 euros al mes o, más recientemente, el de una furgoneta por 650 euros. Su propietario incluso dio la cara en informativos de ámbito nacional, jactándose del negocio y afirmando que estudia comprar dos furgonetas más para ponerlas en alquiler como viviendas.