El Consell d'Eivissa destinará «de manera inmediata» siete millones de euros para la adquisición de pisos que cederá a los ayuntamientos y al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ante la situación de emergencia habitacional que padece la isla.
El Consell d'Alcaldes, reunido ayer con carácter de urgencia a petición de la vicepresidenta y consellera d'Habitatge, Viviana de Sans, acordó adoptar una serie de medidas a corto, medio y largo plazo para hacer frente a un problema enraizado que está expulsando de la isla a residentes y a trabajadores de temporada por el elevado precio de los alquileres y la falta de vivienda.
El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Torres, no descartó que este mismo verano ya haya pisos a disposición de los diferentes ayuntamientos para atender los casos de exclusión social y del Ibavi, para incrementar la bolsa de viviendas. El proceso para la compra de estos inmuebles se hará a través de licitación, tal y como puntualizó Torres, sobre el que ya trabajan el Consell y el Govern balear.
El presidente de la máxima institución insular también avanzó que los ayuntamientos «están buscando alternativas» para ofrecer promociones «a gran escala» de viviendas de alquiler social en suelo público. «Nosotros no somos partidarios de ampliaciones urbanísticas, pero sí es verdad que en un momento dado si se pueden habilitar estos terrenos de transición urbanística para hacer promociones a gran escala de este tipo de vivienda, también se estudiaría hacerlo», señaló.
Otro de los acuerdos de esta reunión, que tuvo lugar en la sede del Consell d'Eivissa, fue la elaboración de un protocolo de intervención y colaboración administrativa contra el intrusismo en el sector turístico.
De esta manera, las intervenciones que realizan las diferentes policías locales en edificios residenciales por el alquiler turístico ilegal podrán ser utilizadas para incoar expedientes sancionadores sin la necesidad de que vaya el inspector del Consell a esa vivienda.
Vicent Torres también destacó que se van a «incrementar» las inspecciones de anuncios que comercializan alquileres irregulares a través de redes sociales y páginas web: «Estamos ultimando el plan de inspección 2017-18, que incidirá en la búsqueda de todos estos alquileres o anuncios irregulares. Determinados anuncios –dijo en referencia al de la furgoneta por 650 euros al mes– no solo los tiene que perseguir Turisme, sino también los ayuntamientos a través de ordenanzas municipales por temas de acampada y por otras prohibiciones de normas superiores».
LA NOTA
La Mesa de la Vivienda, el día 21
El Consell d'Alcaldes, en el que participaron todos los alcaldes y la vicepresidenta Viviana de Sans, también
acordó crear una mesa insular de la vivienda con el fin de abordar «esta situación de emergencia».
Este órgano, del que formarán parte las diferentes administraciones y las entidades de Cáritas y Cruz Roja, realizará un estudio y una planificación de la situación así como controlar todas aquellas inversiones que se realicen. El primer encuentro se celebrará el día 21.