El presunto fraude a turoperadores y establecimientos hoteleros por parte de turistas británicos en Ibiza podría alcanzar dimensiones millonarias, según admitió ayer el delegado del turoperador británico Monarch para la Costa Blanca, Ibiza y Menorca, Carlos Silva.
El agente portugués mantuvo ayer una reunión con empresarios del sector turístico ibicenco para compartir experiencias relacionadas con el aumento de denuncias por ‘claim farms' o problemas gástricos.
«En 2016 las denuncias se han disparado en un 386% respecto al año anterior, siendo España el país con mayor número de ellas, seguido de Egipto y Turquía. Además, la legislación inglesa nos obliga a los turoperadores y a los hoteleros a que demostremos nuestra inocencia», explicó Silva durante el encuentro celebrado en el Palladium Grand Palace de Platja d'en Bossa, donde se acordó trabajar de manera coordinada «para revertir esta situación y rechazar cuantas más quejas mejor», subrayó.
Según explicó el responsable de Monarch, la legislación británica hace responsables a las agencias de viajes «de todo lo que le ocurra al cliente que compra un todo incluido desde que se monta en el avión hasta que regresa».
Esta circunstancia, unida a que «no hay un límite para las indemnizaciones que puede pedir un abogado», hace que se hayan disparado las reclamaciones «por gastroenteritis, diarreas o vómitos» que, en su mayoría, según Carlos Silva, son falsas.
Por ello, desde Monarch Holidays están intentando colaborar con los hoteleros para crear unas bases de datos que les cubran las espaldas frente a una eventual denuncia falsa. «Necesitamos hacer seguimientos de los clientes. Es decir, apuntar qué han comido y bebido durante la estancia; si han realizado excursiones; si han adquirido entradas para discotecas. Desde recepción ante cualquier adversidad médica, ponerlo en conocimiento. Hacer seguimiento de la temperatura del agua, de los alimentos. Aumentar los controles y las auditorias de calidad. Y tener esa información guardada, por lo menos tres años que es el tiempo que tienen para reclamar», argumentó Silva.
Si desde el hotel se puede demostrar que el denunciante siguió con su actividad habitual, consumiendo bebidas alcohólicas o saliendo de excursión, la denuncia no prosperará, entienden.
«Esta situación puede derivar en que haya hoteles que renuncien a trabajar con turoperadores ingleses o que al final los precios suban en previsión de restar un perjuicio económico a los operadores y a los hoteleros», declaró Silva, que aclaró que aunque «no se han concretado cifras, se puede hablar de millones» en reclamaciones.