Más de 3.000 viviendas de protección oficial de Palma e Ibiza habrán quedado liberadas y podrán salir al mercado libre cuando termine esta legislatura. Como consecuencia de ello, el Govern perderá el control de casi la mitad del parque de vivienda que tenía hasta ahora bajo su supervisión. Los propietarios las podrán vender o alquiler libreamente sin ningñun tipo de control.
Se trata de viviendas construidas con ayudas públicas, cuyos propietarios las adquirieron con importantes subvenciones a un precio muy inferior al de mercado. La ley establece que debe pasar un mínimo de 30 años para que un propietario pueda vender libremente este piso, pero en Balears se aprobó una modificación que permite que alguno de estos inmuebles se vendan pasados 20 años. Ya ha transcurrido ese plazo y ello significa que el Govern se quedará con la mitad del parque de VPO que había hace unos años y los propietarios podrán ahora obtener rendimiento de pisos comprados con ayudas públicas.
Según las estadísticas de la Conselleria de Territori, en 2019 quedarán en Palma 6.359 VPO de las 8.903 que había a principios de legislatura y de las 12.081 que ha llegado a haber en la capital. En Ibiza también se da un proceso parecido y de las 1.765 viviendas protegidas que había en la Isla solo quedarán 925 pasada la legislatura.
Limitaciones
El hecho de que una vivienda se haya adquirido con subvenciones públicas limita el uso que pueden hacer los propietarios: no se puede vender a precio de mercado sino que la venta se hace a precio tasado y, sobre todo, debe destinarse a vivienda habitual, es decir, no se puede realquilar ni alquilar a turistas.
A pesar de estas limitaciones, el Govern ha detectado que algunos propietarios están haciendo mal uso de las viviendas compradas gracias a estas ayudas. Se han descubierto varios pisos que se destinan a alquiler vacacional algo que, además de prohibido, está sancionado con multas de hasta 6.000 euros. El Govern ya ha empezado a imponer estas sanciones como medida ejemplarizante para que los propietarios de viviendas subvencionadas tomen buena nota de qué es lo que no pueden hacer.
El conseller de Territori, Marc Pons, considera que la administración que ha hecho el esfuerzo económico de construir las viviendas debe seguir manteniendo el control de por vida. Por esta razón, la futura ley de vivienda, que aún está en fase de borrador, incluye la imposibilidad de que las nuevas viviendas se pueden vender libremente. Una vez que entre en vigor la ley, quien compre una vivienda subvencionada con dinero público no la podrá vender libremente, sino que tendrá que hacerlo al precio tasado por la Administración autonómica. Esta importante reducción en el parque de vivienda pública se debe a que las administraciones apenas han construido vivienda en los últimos seis años, lo que ha hecho que no se vaya reponiendo el parque conforme transcurre el plazo y otras viviendas quedan liberadas. El Govern ya ha anunciado que en esta legislatura habrá construcción de VPO.
AL MARGEN
Mucha demanda y poca oferta pública
Además de las viviendas construidas con subvenciones públicas, sobre las que el Govern solo tiene el control, el Ejecutivo es el propietario de 1.800 viviendas. Se trata de una cifra claramente insuficiente ya que la lista de espera para poder acceder a uno de estos pisos supera las 2.000 personas. El Govern ha empezado a hacer un estudio de qué parte de estas viviendas también sufren mal uso.