Los explotadores de varios locales comerciales situados en el barrio de ses Figueretes de Vila continúan alquilando estos espacios como infraviviendas a familias y turistas, a pesar de que tanto el Ayuntamiento como el Consell d'Eivissa tienen desde hace meses constancia de esta actividad.
Ambas administraciones realizaron en septiembre del año pasado una inspección conjunta a dichos bajos comerciales, y desde Urbanismo informaron durante el mes de enero de que estaban «pendientes de acabar la actuación para impedir el uso residencial» de dichos inmuebles. Por parte del Consell, levantaron acta con sancionador al explotador turístico de los locales y también se tramitó un expediente contra el dueño, pero sigue sin haber novedades al respecto.
El 24 de febrero, la concejala de Urbanismo de Vila, Elena López, informó a este periódico de que se había procedido a «firmar un decreto de paralización de usos». «Al no cumplirlo, acabo de firma el decreto de precinto de la actividad. La policía se lo notificará en unos días», explicó entonces la edil socialista a este medio.
Durante los tres meses siguientes no se produjeron novedades y en dichos locales, situados entre las calles Galicia y Formentera de ses Figueretes, continúa viviendo gente. Tampoco se ha paralizado la actividad en otros bajos comerciales destinados a usos residenciales en un callejón situado también en la calle Galicia.
Debido a la insistencia de los vecinos y de esta redacción, el 7 de mayo la propia Elena López aseguró que la semana siguiente se procedería al precinto de estas infraviviendas. Ha pasado un mes y en dichos locales, que carecen de cédula de habitabilidad, ventilación y salida de humos –una de las estancias conecta directamente con el garaje de la finca–, continúan residiendo turistas, por un lado, y familias, en su mayoría con pocos recursos, por otro.
Permiso judicial
Tras solicitar en varias ocasiones información sobre el estado del expediente, ayer desde el Ayuntamiento explicaron que «el pasado 1 de junio el propietario de los locales recogió la notificación y tiene un plazo de diez días para cesar en la actividad». «Dicho plazo acaba el lunes. Si se certifica en esa fecha que no ha cesado, el ayuntamiento puede emitir el martes la orden de precinto e ir a precintar a partir de ese momento», explicó una portavoz municipal, quien advirtió de que si en el momento de ejecutar la orden «se constata que sigue habiendo gente dentro, el ayuntamiento tiene que pedir permiso judicial para desahuciar así como para cortar el suministro de luz y agua».
En paralelo a todo el proceso administrativo que está llevando a cabo el departamento jurídico del Consistorio, al tener conocimiento del tema por la prensa, algunos de los ocupantes han contactado con el Ayuntamiento «preocupados por la situación, dado que no eran al parecer conscientes porque hay alquiler y subalquiler de espacios», añaden estas mismas fuentes. «Les hemos informado de la situación y les hemos dicho que como afectados tienen derecho a acceder al expediente para conocer todos los detalles de la tramitación. Además, se ha trasladado toda la información a nuestro departamento de Benestar Social por si en algún momento tuvieran que intervenir para prestar alguna ayuda a las personas afectadas», puntualizan desde el Ayuntamiento de Vila.