El Ayuntamiento de Sant Antoni aprobó ayer en sesión plenaria la firma de un convenio de colaboración con la conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas de Balears, a través de la Agència Tributaria de les Illes Balears (ATIB), que tiene por objeto aumentar la eficiencia recaudatoria de la institución municipal, que a día de hoy acumula impagos por un valor aproximado de nueve millones de euros.
«Lo que se pretende con este convenio es alcanzar el principio de justicia tributaria, que dejen de pagar sólo los buenos contribuyentes y pasen a pagar todos, también aquellos que hasta ahora no lo hacían y que llevan años acumulando deuda con el Consistorio», explicó el alcalde, José Tur Cires.
El equipo de gobierno espera que este convenio incremente la efectividad ya que la ATIB tiene acceso directo a los sistemas bancarios europeos y a la información suministrada por la AEAT. La ATIB, con la que también han firmado convenios el Consell de Formentera y una cincuentena de ayuntamientos de Balears, asumirá así la gestión y recaudación en Sant Antoni de los impuestos sobre bienes inmuebles, vehículos de tracción mecánica o la tramitación de expedientes sancionadores de tráfico y seguridad vial. «En definitiva, el incremento de ingresos que supondrá una mayor efectividad en el cobro permitirá al Ayuntamiento llevar a cabo mayores inversiones», añadió el alcalde. A raíz de la firma de este convenio, la ATIB abrirá un local en el núcleo urbano de Sant Antoni para facilitar la atención a los ciudadanos.
Por otra parte, el tripartito sacó adelante su propuesta para solicitar al Govern balear que modifique de forma urgente la Ley de Actividades o de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en Balears.
El equipo de gobierno defiende que esta normativa fue modificada cuando el Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta y supuso «una restricción de las capacidades de intervención de las administraciones públicas, rebajando de modo temerario el importe y graduación del régimen sancionador».
«La ley 7/2013 dividió por seis el importe de las sanciones hasta entonces aplicables y supuso la desaparición de resoluciones expeditivas como el cierre de aquellas empresas que incumplieran», señala la propuesta, que recuerda que, como consecuencia, los ayuntamientos «ven frustradas sus posibilidades de actuar con toda la contundencia debida mientras se multiplican las situaciones en las que prima la actividad empresarial pese a la generación de molestias, daños medioambientales o insalubridad».
Sant Antoni pide que se recupere el régimen de 2006, que establecía sanciones de hasta 6.000 euros por infracción leve, hasta 60.000 por grave y hasta 600.000 por muy graves.