Un técnido del departamento de Urbanisme y un agente de la Policía Local de Santa Eulària se desplazaron ayer por la mañana al polvorín de Santa Gertrudis para inspeccionar las instalaciones a las que todavía no habían podido acceder en sus dos visitas anteriores. «Había algunos túneles que los tenían alquilados y no nos dejaron entrar. Se ha hecho una inspección de todo lo que quedaba por inspeccionar para certificar que allí no se sigue viviendo», explicó el concejal de Urbanisme, Mariano Juan.
El mes pasado el Ayuntamiento de Santa Eulària abrió un expediente urbanístico a la propiedad del recinto después de que los técnicos municipales detectaran en una primera inspección que se habían realizado diferentes obras y la presencia de cabañas y tipis en medio de una zona boscosa.
Entre las medidas cautelares que el Consistorio decretó en su momento figuraban la suspensión de un encuentro de chamanes que se celebró en su interior, el desalojo de la parcela y que la propiedad impida el uso como residencia de las diferentes edificaciones.
Mariano Juan explicó que la propiedad ha presentado un escrito de alegaciones al expediente de infracción urbanística. «No comparten el informe del Consell que dice que allí no se puede vivir hasta que no se tenga la autorización pertinente. Consideran que en las viviendas de los suboficiales sí que se puede vivir, quieren pedir la cédula de habitabilidad al Consell pero todavía no lo han hecho», señaló Juan.
El regidor de Urbanisme de Santa Eulària apuntó que el desalojo «se ha cumplido parcialmente, como ya se comprobó en la segunda inspección, y se está discutiendo el tema de las casas de los suboficiales, a no ser que surja otro frente a raíz de esta tercera inspección».
En los últimos meses se había registrado un incremento del número de personas alojadas en el interior del recinto, en el que se estarían alquilando casas y habitaciones sin los pertinentes permisos. Los precios oscilaban entre los 200 y los 500 euros, aunque también habría quien se alojaría a cambio de trabajo. La propiedad alegó ante el Ayuntamiento que no cobraba cantidad alguna y que había cedido las instalaciones a los miembros de una fundación.