El Govern balear todavía no ha instruido expedientes sancionadores contra las plataformas que anuncian alquileres turísticos ilegales, a pesar de que la nueva ley de Turisme prevé sanciones de hasta 400.000 euros por la comercialización turística, la publicidad o la promoción de oferta ilegal.
El pasado 1 de agosto entró en vigor la modificación de la ley de Turismo de las Illes Balears, aprobada por el Parlament el pasado 18 de julio. Uno de los aspectos más importantes de esta ley, según el Ejecutivo, es que facilita por primera vez herramientas efectivas para la persecución de la oferta ilegal. También establece una definición clara sobre los canales de oferta turística y la obligación de publicar el número de registro de Turismo en cada anuncio.
Sin embargo, pasadas seis semanas desde la entrada en vigor de la nueva normativa, plataformas como Airbnb continúan comercializando miles de alquileres ilegales en la isla de Ibiza. Si bien es cierto que la oferta ha disminuido en relación al pasado mes de agosto, en una búsqueda realizada ayer aparecían un total de 1.905 anuncios para estancias turísticas entre el 25 y el 30 de septiembre. Muchos de ellos, los más económicos, corresponden a habitaciones privadas o a pisos en edificios residenciales, lo que en Ibiza está expresamente prohibido. Otros muchos son casas de campo y villas, pero son minoría aquellos que publican el número de registro.
Ni siquiera el propio Govern tiene claro cuándo comenzará a investigar la oferta ilegal. El día 16 de agosto la Dirección General de Turismo envió por carta requerimientos a las principales plataformas de internet que ofrecen alquiler turístico en las islas y les exigió que retirasen la oferta ilegal en un plazo de 15 días hábiles desde la notificación.
Aunque una portavoz de la conselleria de Turisme avanzó que «a partir del 7 o el 8 de septiembre» comenzarían las inspecciones y, en su caso, la apertura de las actas sancionadoras correspondientes, no será hasta finales de este mes cuando se investigue la actividad irregular de las plataformas. Según explicaron ayer fuentes oficiales del Govern balear, «los juristas dicen que los 15 días hábiles empiezan a contar desde el momento que tenemos constancia de que las plataformas han recibido la carta, y no desde el momento en que nosotros la enviamos».
La administración balear admite que hay plataformas comercializadoras que «ya han manifestado claramente una actitud colaboradora y se están adaptando a la ley». Frente a otras como Airbnb «se va a esperar hasta que acabe el plazo que les hemos dado». «Si no dan ningún paso para cumplir la ley, actuaremos», advierten desde Turisme.