El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears (API) cuestionó ayer en Ibiza la constitucionalidad de varios artículos de la nueva Ley Turística y advirtió de que la justicia podría tumbar aspectos «conflictivos» del reglamento como son la zonificación –anulada por el TSJ en el decreto del Gobierno Canario–, el permiso para alquilar a turistas que puede otorgar por mayoría una comunidad de propietarios –según los API, la ley de propiedad horizontal establece que la decisión debe ser «unánime»– o la cuantía de las sanciones (hasta 40.000 euros por el alquiler ilegal y hasta 400.000 por su comercialización).
Los API, que ayer celebraron una junta de gobierno en la delegación de Ibiza, afirmaron que muchos de estos aspectos se impugnarán, aunque recordaron que el Gobierno central tiene la potestad de interponer un recurso de inconstitucionalidad. Por eso creen que muchos propietarios que se han visto «castigados» por esta ley esperarán «a ver qué dice la justicia para poder seguir ofreciendo alojamiento». No obstante, la entrada en vigor del nuevo reglamento ya ha provocado, según el Colegio de API, que un 30% de propietarios hayan eliminado sus anuncios de plataformas de internet como Airbnb o HomeAway.
El presidente de los API, el mallorquín José Mir, considera que los tribunales darían la razón a los propietarios «que anuncian sus alquileres bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos, sin ofrecer servicios turísticos», mientras el delegado insular de este colegio, José Serra, sostiene que pedir el número del registro turístico «es incongruente».
Serra afirma que la ley ha provocado «pánico» entre los propietarios y sostiene que «se perderá mucho dinero que entraba por alquileres de inmuebles, por los empleos indirectos que generan y por el gasto que dejaban los consumidores». «Ningún inversor más comprará un inmueble aquí y créanme que hay inversiones importantes en viviendas unifamiliares que a partir de ahora no se podrán comercializar. Esto creará menos inversiones y menos impuestos que se recaudarán, además de menos vuelos en invierno», puntualizó el delegado de los API en Ibiza, quien denunció que el reglamento balear «está hecho no para cazar elefantes, sino pajaritos». En este sentido, Serra argumenta que con la Ley Turística se «castiga» a un colectivo «muy grande y muy silencioso que son los pequeños propietarios», mientras saldrán indemnes «los intermediarios que se dedican a alquilar muchos inmuebles a modo de industria». Personas u organizaciones que, según denuncia, «se encargarán de poner sociedades en otros países» para escapar de las sanciones.
«Entre los propietarios ibicencos hay inquietud, miedo, incertidumbre, que es en el fondo de lo que se trataba con esta ley. Una ley que se ha hecho sin pedir el informe del Consell Consultiu de Balears», puntualiza Serra. Mir, por su parte, asegura que la ley no ha conseguido por el momento el efecto de «inundar el mercado de alquileres de larga temporada ni bajar los precios».
LA NOTA
Constituyen una asociación de agentes inmobiliarios
La junta de gobierno de los API, celebrada ayer en Ibiza, abordó la creación de una asociación tutelada por el Colegio para agentes inmobiliarios sin la titulación universitaria exigida a los miembros colegiados. «Es una forma de integrar a muchos agentes inmobiliarios y que puedan disfrutar de servicios como un asesor jurídico, asesor en valoraciones inmobiliarias o en la formación continúa que ofrece el Colegio», explicó su presidente.