En lo que va de año, los inspectores de turismo han abierto 315 diligencias de denuncias anónimas de las cuales 199 son de viviendas. «Se han multiplicado por cuatro en dos años y creo que son pocas, debería haber más», explicó ayer Ramón Roca, jefe de servicio de turismo del Consell, en una de las ponencias del III Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales. En este sentido, acusó la falta de inspectores con los que cuenta Ibiza que, en la actualidad, cuenta con seis efectivos y con dos personas que se encargan de tramitar las multas.
«Este año llevamos más de 312.000 euros en sanciones de los cuales ya hemos cobrado 91.000», aseguró, al tiempo que matizó que «solo se cobra alrededor del 45% porque en la isla hay muchos comercializadores de fuera».
Roca afirmó, además, que la nueva ley del Govern les va a facilitar «muchísimo» el trabajo porque ahora pueden actuar directamente contra el comercializador, también contra el canal de comercialización y contra los enlaces «como Google, al que podemos pedir que deje de indexar, por ejemplo, Airbnb en Ibiza». Además, «cualquier alquiler inferior a un mes es turístico y esto es vital porque sino cualquiera podía alegar que no lo era». En este momento, desde el Consell se está trabajando en una campaña de información para que los propietarios también conozcan sus derechos.