El pleno del Ayuntamiento de Eivissa rechazó ayer una moción presentada por el PP en la cual se pedía que no se ejecute el proyecto de demolición del antiguo edificio de la Policía Local hasta no haber consensuado con los vecinos del barrio del Eixample Nou los pasos a seguir con relación al albergue. Aunque el primer teniente de alcalde, Joan Ribas, aceptó abrir una vía de diálogo con la asociación vecinal contraria a la ubicación del futuro albergue, defendió por enésima vez la ejecución de un Centro de Acogida Municipal (CAM) que considera «urgente» y que según dijo avalan entidades sociales como «Cruz Roja y Cáritas, además de la empresa adjudicataria del servicio, grupo 5, una de las más importantes del país -según Ribas-, así como de los expertos del ministerio».
Los populares, por voz del concejal Alex Minchiotti, argumentaron que los vecinos «continúan pensando que el concejal de Bienestar Social les ha tomado el pelo y mantienen su oposición frontal a la nueva ubicación del CAM», y anunciaron que éstos iniciarán un proceso judicial de «consecuencias inciertas» para el Ayuntamiento. Minchiotti acusó al alcalde, Rafa Ruiz, y al propio Ribas de actuar con «mala fe» y de predicar «diálogo» para la cuestión catalana mientras «imponen» su criterio sobre un proyecto que «cuenta con un amplio rechazo» vecinal.
Reunión
Ribas culpó a los populares de hacer «oposición desleal» y de ejercer como «portavoces de los vecinos», aunque no todos compartan esa opinión. Según el concejal de Benestar Social, la próxima semana tiene concertada una reunión con la asociación vecinal para «explicarles otra vez en qué consiste el proyecto», que estaría generando «reacciones negativas» por la «demagogia» de los populares. «No les importan los vecinos ni los usuarios de este futuro centro. Repiten este mantra porque piensan que les dará votos, a pesar de que la propia empresa ha dejado claro el perfil de los usuarios. Lo que queremos es que lo entiendan y no pongan problemas», añadió Ribas.
Minchiotti respondió con dureza: «Deje de engañar. Usted pide diálogo para unas cosas pero no dialoga y actúa con nocturnidad, mala fe, alevosía, prepotencia y aires de superioridad. La imposición no es el camino y ustedes la han elegido, pero en esto están solos, la deriva de su gobierno ya es evidente y con estos actos más. Dense cuenta de su error y rectifiquen».
El alcalde, Rafa Ruiz, acusó al regidor popular «de intentar provocar» y verbalizó su enfado porque se le acuse de actuar con mala fe. «Sabemos que no quieren hacer instalaciones sociales para los menos favorecidos. ¿Pero ustedes nos hablan de imposición?», interpeló el primer edil, que zanjó el debate subrayando que se trata de una decisión necesaria para la ciudad.
LA NOTA
Botellón: educar en lugar de sancionar
El pleno del Ayuntamiento debatió una moción de control presentada por el grupo popular sobre el control del botellón en la ciudad. El concejal Pablo Gárriz trasladó las quejas recogidas en varias zonas por las concentraciones de jóvenes que «abusan del consumo de alcohol y en algunas casos de sustancias estupefacientes» y afirmó que la sensación que se tiene es la de una «cierta tolerancia por parte del Ayuntamiento». La concejala de Seguridad Ciudadana, Estefanía Torres, explicó que se han impuesto 57 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública en lo que va de año y recalcó que serán «el primer Ayuntamiento que aprobará una ordenanza específica sobre el consumo de alcohol». Con este reglamento Vila prevé restringir la venta y el ofrecimiento de alcohol en los eventos y actos que estén patrocinados por la administración municipal.