Viviendas propiedad del Govern que se alquilan a turistas, en las que se trafica con droga o que se convierten en prostíbulos. Son algunos casos detectados por la Conselleria de Territori tras un proceso de revisión de los más de 1.800 pisos propiedad de la Comunitat.
Para acabar con estos abusos, el Ejecutivo prevé la creación de un cuerpo de inspectores de vivienda, que vigile el uso que se da a los pisos que son propiedad del Ejecutivo. Se trata de una de las medidas más novedosas del ambicioso plan de vivienda que presentó el conseller de Territori la pasada semana. Este cuerpo de inspectores será el encargado de garantizar que se cumple la función social de la vivienda y parta detectar y abordar las situaciones de uso fraudulento y abuso.
El Ejecutivo asegura que su propósito es dar una mayor protección a los ciudadanos para poder desahuciar a los inquilinos de estas viviendas y que puedan acceder a ellas personas que ahora mismo están en lista de espera. En estos momentos hay unas 2.000 personas en lista de espera para acceder a una de estas viviendas. El Govern ya ha anunciado, en paralelo, que comenzará con los desahucios de las viviendas en las que se han constatado estas flagrantes ilegalidades.
Más medidas
En paralelo, el plan de vivienda promoverá una adecuación de rentas para familias que viven en pisos del Ibavi para garantizar su función social. Se pretende dar respuesta a situaciones de empeoramiento económico, para llegar a un 30 por ciento de los ingresos reales, y con el fin de reducir la morosidad.
El plan incluye además la propuesta de construir 511 nuevas viviendas de promoción pública para intentar ofrecer pisos a precios más asequibles para los ciudadanos.