La consellera de Salut, Patricia Gómez, aseguró ayer que los alimentos servidos a los pacientes del lote de los caducados estaban congelados. «Estaban congelados previamente y es muy importante porque ahora con el manual de procedimientos de alimentos se verá si estaban congelados antes de estar caducados, con lo que el problema es mínimo», reveló Gómez a las preguntas del diputado popular Vicent Serra acerca de los productos caducados servidos a pacientes en Can Misses. «Los pacientes pueden estar tranquilos porque hay un control», afirmó. «Hay alimentos que han llegado a los pacientes y eso es intolerable», denunció Serra que reconoció, además, el trabajo realizado por la Unidad de Supervisión y Control de Can Misses que detectó en una inspección la existencia de varios lotes de alimentos caducados. El diputado popular le recordó a la consellera que el modelo de concesión ha sido utilizado por el PSOE en las infraestructuras hospitalarias «pero ahora no le va bien reconocerlo como rehén ideológico de Podemos». En su opinión, para que el modelo funcione «se ha de contratar de manera rígida, profesional y sin amiguismos». Serra, que pidió más control a la concesionaria para que se tenga un nivel de calidad, recordó que desde el inicio de la concesión hay incidencias en cocina. «La concesionaria está más preocupada en rebajar las penalizaciones que controlar a las empresas que contratan».
La comida caducada del hospital Can Misses centró una parte del debate en el pleno del Parlament de ayer. Aitor Morrás, de Podemos, y Xelo Huertas, del Grupo Mixto, pidieron la rescisión del contrato, tal y como reclama la Asociación del Defensor del Paciente, y que vuelva a ser gestionado por el servicio público. «Queremos la eliminación de las concesiones y volver a la cocina de siempre», dijo Huertas. La consellera recordó las dificultades que supone la rescisión «de un contrato de un servicio público, no se puede hacer de cualquier manera y menos cuando lo pide una entidad privada». De hecho, Gómez dijo que su presidenta, Carmen Flores, representa a «una organización privada» que se anuncia en Internet como un equipo de abogados privados. «No seré yo quien valore a lo que lleva una madre una madre con un hijo ya fallecido tetrapléjico por una supuesta negligencia médica a asociarse con otras personas para reclamar una mejor sanidad pública», añadió Morrás.
LA NOTA
Cuatro millones de euros en sanciones
La consellera de Salut, Patricia Gómez., aseguró en su intervención que el sistema de control funciona ya que los productos caducados se detectaron en una inspección realizada por la Unidad de Supervisión y Control del Área de Salud. Gómez recordó que el año pasado se pusieron sanciones por valor de cuatro millones de euros a la concesionaria. «Hay más inspecciones a la concesionaria para garantizar la calidad. El objetivo no es sancionar sino dar un mayor servicio y en eso estamos trabajando». Recriminó a la oposición que «leyera sólo una parte de las noticias del Área de Salud; hay muchas noticias positivas que valoran los ciudadanos».