La policía vuelve a la sede de la Conselleria de Turisme. Agentes del Grupo de Blanqueo recogieron ayer el expediente en torno al Grupo Cursach que ha provocado la imputacion en el caso de la ya exdirectora general, Pilar Carbonell. Se trata de examinar ahora si, más allá de las gestiones que reflejan los pinchazos telefónicos entre el entonces ‘número dos' del grupo, Bartolomé Sbert, y Carbonell, existieron otras irregularidades en la tramitación.
Se trata de un informe preceptivo para autorizar el proyecto básico de ampliación de un edificio del complejo Megapark. Según la documentación de Turisme, la solicitud de entrada del expediente se produjo el 5 de noviembre de 2015. El 18 de enero del año siguiente estaba completado y fue firmado por la directora general. La primera llamada de Sbert a Carbonell se produce el 15 de diciembre. El expediente había recibido ya un informe favorable y le faltaban dos firmas, una del jefe de departamento de ordenación y la de la propia directora general.
Según se desprende de los pinchazos telefónicos, los directivos del Grupo Cursach querían tener la tramitación lista antes del 30 de diciembre. De acuerdo con las conversaciones eso no fue posible porque un funcionario se marchó de vacaciones y no se pudo desbloquear la situación hasta que volvió a principios de enero. Así, todo el proceso en la Conselleria se prolongó durante casi dos meses.
Carbonell está citada para declarar el próximo 29 de noviembre. Se le imputan delitos de tráfico de influencias, uso de información privilegiada y prevaricación.
En las últimas semanas, las visitas de unidades de la policía judicial a la Conselleria de Turisme se ha vuelto frecuentes. Han acudido en varias ocasiones, tanto para la causa que lleva el Juzgado de Instrucción 12, el ‘caso Cursach', como por la investigación de los contratos del antiguo jefe de campaña de Més, Jaume Garau.