Las aerolíneas apoyan la propuesta del Govern de que se prohiba el consumo de alcohol en los aviones. Así lo transmitió la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) a la ya exdirectora general de Turisme, Pilar Carbonell, quien mantuvo un encuentro con sus responsables el miércoles en Madrid.
El responsable de relaciones externas y la directora de atención al cliente de IATA, Loïc Lespagnol y Nicole Kerouanton, respectivamente, solicitaron a Carbonell que trasladase al Gobierno del Estado la petición de la asociación de ratificar la petición de revisión del Convenio de Tokio (1963) que rige los delitos y otros actos cometidos en aeronaves. El encuentro se celebró después de que IATA se pusiera en contacto con el Govern por su compromiso de impedir el consumo de alcohol a bordo, para evitar incidencias que pongan en riesgo la seguridad de los demás pasajeros y del personal de tierra, como ha sido el caso en las últimas dos temporadas.
En concreto, la asociación internacional pide una mejor acción coercitiva contra «los pasajeros insubordinados» para fortalecer la disuasión. Esta reivindicación se basa en «el incremento de pasajeros problemáticos a causa de la consecuencias del consumo de alcohol».
La enmienda al convenio de Tokio incluye extender la jurisdicción sobre los delitos al Estado de desembarco previsto (destino) además del Estado del registro de la aeronave.
La asociación entiende que con esta medida se cierran ciertas lagunas en la legislación actual y se proporciona una mayor claridad a lo que, «como mínimo, constituye un comportamiento ingobernable». En su opinión, refuerza el derecho de las aerolíneas a buscar la recuperación de los costes significativos de los pasajeros insubordinados. «Estos cambios, junto con las medidas que ya están tomando las aerolíneas, proporcionarán un impedimento más eficaz para el comportamiento inaceptable a bordo de la aeronave», aseguran desde la entidad internacional.
Según la IATA, a menudo, incluso cuando no hay problemas jurisdiccionales, los fiscales no toman medidas contra los pasajeros problemáticos porque no se considera que sea de interés público debido al coste de llevar casos penales.
Carbonell se comprometió en Madrid a exigir al Gobierno que ratifique los acuerdos internacionales, para poder tomar medidas efectivas contra los pasajeros alcoholizados. Su sustituto, Antoni Sansó, se encargará a partir de ahora de la cuestión.