La Comisión de Ética Pública concluyó que la firma de estos contratos comprometieron seriamente la imagen de objetividad y de imparcialidad que debe presidir las actuaciones del Ejecutivo. La Comisión, formada por Teresa Suárez, Francisca Bennàssar, Joana Maria Petrus, Bernat Riutort y Rosario Sánchez, se reunió a raíz de la crisis de los contratos e emitió un duro informe en el que recordaba a los cargos públicos del Govern que su actuación debe de ser no solo legal, como es obvio, sino que han de vigilar que transmitan valores y principios que refuercen el sistema institucional. «Ninguna personas responsable de un cargo público no puede realizar actuaciones que puedan suscitar dudas entre los ciudadanos», señalaba el informe.
«Los contratos menores y negociados sin publicidad no parecen los procedimientos más recomendables para contratar estudios y trabajos técnicos, que pueden resultar necesarios para la toma de decisiones cuando la Administración no dispone de personal propio, pero que no tienen habitualmente urgencia ni forman parte de la normal contratación de los suministros», añadía el informe. Como conclusión, la comisión recomendaba al Govern que aprobara una instrucción para velar por el hecho de que esté justificada la necesidad de los contratos menores. La comisión propuso al Govern que esta instrucción garantice que se promueve una amplia concurrencia entre posibles licitadores y se lleva a cabo un análisis ajustado del precio que se propone.
La comisión concluyó que un procedimiento abierto y público habría permitido la libre concurrencia, aunque reconoce que también cabe la posibilidad de falsear la competencia con la presentación de empresas que en realidad son del mismo propietario.