La Administración del Estado recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que le obligaba a pagar las facturas por el tratamiento de presos en Son Espases. La Abogacía del Estado planteará el recurso ya que existen sentencias contradictorias de los diferentes tribunales superiores y, en este caso, la mayoría de las resoluciones dan la razón al Estado frente a las comunidades autónomas.
El TSJB resolvió la semana pasada que, puesto que el reglamento penitenciario, encomienda la manutención de los reclusos a la Administración central, a ésta también la corresponde hacer frente a la sanidad, a pesar de que estén dados de alta en la Seguridad Social. La postura del Estado es que reciben atención dentro del sistema nacional de salud y que, por lo tanto, no cabe que se giren facturas por los tratamientos, como ocurre con quien no forma parte de la red de asistencia pública.
En concreto, el pleito se inició por cinco facturas por un total de 5.966 euros que Son Espases giró a la prisión por el tratamiento de unos presos. Un juzgado de lo Contencioso dio primero la razón a la Abogacía del Estado. Ahora se revoca esa resolución.