Solo han pasado 10 días desde que Valentina Assordi recuperó su casa de sa Penya y la tapió contra los okupas. Ayer, se repitió la situación. «Me han llamado de la Asociación Salvem sa Penya para decirme que había un agujero en la puerta que permitía el acceso a la casa», cuenta. «Otra vez, ya no sé lo que tengo que hacer», añade.
Assordi está abatida y con crisis de ansiedad. El hecho de que su inmueble pueda seguir sufriendo ocupaciones le hace replantearse la situación. «No quería vender mi casa porque he invertido mucho dinero en ella y me van a dar dos duros, pero después de esto me lo tengo que pensar bien porque es insostenible», explica.
Volver a tapiar la puerta tampoco fue fácil. «He conseguido a un albañil de milagro en el último momento. Quería cerrarlo antes de que se hiciera de noche para que no volvieran a entrar y nadie quería subir al barrio. He llamado a todos los que aparecían en el listín telefónico», cuenta. Por ello, acudió a la Policía Nacional para que les acompañasen. «Me dijeron que si no se trataba de una urgencia no podían venir conmigo, así que me fui, me planté delante de mi casa y llamé al 091», dice Assordi.
La llamada se produjo entre gritos de «vamos a entrar cuando queramos» y «ya te hicimos daño una vez, niña», de fondo, lo que hizo que la Policía Nacional se personara en el inmueble en tan solo diez minutos. «Ya me tiraron una piedra a la cabeza hace años, ya saben quién soy», matiza. A partir de este momento, el albañil junto con la propietaria, pudieron entrar en la casa para certificar que no había nadie dentro. Acto seguido tapiaron el agujero y «cruzamos los dedos» para que no se repitan los hechos.
Falta de seguridad
Assordi critica la falta de seguridad en un barrio que, dice, tenía un ambiente «muy bueno» hace años. «He puesto otra denuncia contra lo sucedido, he pedido más controles, pero a ver qué pasa. Llamo cada día para preguntar si hacen ronda por el barrio y me dicen que todo está bien y hoy me entero de esto y no por ellos, si no por un vecino», lamenta.
Achaca este «descontrol» a la mala situación que está viviendo. «No puedo dar de alta la luz porque si no se me enganchan todos y esto supone que no pueda poner una alarma que me avise de que entra gente». Motivo que hizo que ayer les ofreciera el alquiler de su vivienda a los efectivos de la Policía que estuvieron con ella. «Si falta vivienda para vosotros como decís, os hago un contrato de alquiler, les dije, pero me han dicho que ni de broma», cuenta. De hecho, la mujer es consciente de que nadie querría pagar por vivir allí. «No se puede ni alquilar, me daría vergüenza que quien viva aquí cuando regrese a casa se la encuentre llena de gente».
En este sentido, Assordi se muestra «sin ganas» para seguir luchando cuando tampoco cuenta con el apoyo del Ayuntamiento. «Tienen que hacer algo. Si paseas por aquí ves todas las casas que están tapiadas. Es un barrio de hormigón, yonkis y gitanos», critica.
Hechos anteriores
Assordi adquirió, como inversión, un pequeño inmueble de 30 metros cuadrados en la calle Retir en 2001. Lo alquiló durante siete años; primero a trabajadores y, después, a un chico italiano que estuvo tres años. Todo funcionaba bien hasta que, por el parto prematuro de su hijo en Valencia, permaneció varias semanas fuera de la isla y a su vuelta se encontró la vivienda «okupada».
Una situación que fue denunciada en su día ante la Policía que le dijo que «si ya estaban dentro no podían hacer nada». Aún así, consiguió firmar un contrato de 11 meses de duración con el objetivo de poder desahuciar a los ocupas una vez finalizara, pero la pagadora ingresó en prisión y los pagos dejaron de realizarse. Tras denunciarlo ante los tribunales, la propietaria del inmueble logró la primera orden judicial de desahucio en 2011.
La vivienda duró vacía 36 horas hasta que volvieron a ocuparla, tiempo que le permitió dar de baja el agua y la luz. «Nos encontramos con la sorpresa de que todo el barrio se había enganchado a mi casa», explicó a este periódico hace unas semanas. Un hecho que hizo que acumulara facturas de más de 7.000 euros correspondientes a cuatro años de impagos a los que se sumaron 8.000 euros más gastados en abogados.
A raíz de este hecho, Assordi contrató un nuevo abogado que inició un procedimiento penal contra los ocupantes de la casa y que le permitió, hace solo unos días, recuperar y tapiar su casa.