El vecindario de sa Penya está compuesto en la actualidad por menos de un centenar de personas que habitan de manera legal o ilegal los pocos inmuebles que no están tapiados o en ruinas en este antiguo barrio de pescadores sumido actualmente en la degradación. Manuel Palá es el presidente de la asociación vecinal Salvem sa Penya y critica en esta entrevista el retraso del Ayuntamiento de Eivissa a la hora de poner en marcha medidas que conduzcan a deseada rehabilitación integral de la zona, una ‘patata caliente' que no han sabido resolver en las últimas décadas los diferentes equipos de gobierno municipales.
—El Ayuntamiento de Eivissa se planteó al inicio de legislatura convertir sa Penya en un barrio más de la ciudad ¿En qué estado se encuentra actualmente ?
—Sa Penya está en una situación de indefinición. Puede ir hacia delante o puede experimentar un regresión y todo depende de la actuación del Ayuntamiento de Eivissa. Cuanto más tarde en hacer las cosas, más dificultades tendrá en la rehabilitación de sa Penya. Desde el punto de vista social las cosas han cambiado mucho porque hay una mejor relación entre los vecinos del barrio que no son de etnia gitana y las que lo son. Muchas de ellas ya se han dado cuenta de que no pueden hacer determinadas actuaciones. A mí de hecho no me gustaría que algunas personas de etnia gitana que viven en el barrio se fueran. Es lo que no entiende el Ayuntamiento o la sociedad que piensan que todo gitano que vive en sa Penya es socialmente rechazable. Pienso que hay que cambiar la mentalidad.
—¿La solución en sa Penya pasa necesariamente por la integración social?
—Si el Ayuntamiento no hace algo más por determinadas familias que se encuentran en situación de exclusión social permanente es difícil que se lleve a cabo la rehabilitación del barrio sin echar mano de medidas represivas. Es cierto que hay otras personas que se podrían merecer más ayuda que las de sa Penya pero a mí no me gustaría estar en su situación. La ciudadanía debe pensar que, cuando se dan ayudas a estas personas, se está ayudando al conjunto de la sociedad. Muchas están en situación de exclusión y no tienen la formación para acceder a un mundo laboral tan complejo como el actual y se les tiene que ayudar para salir de esta situación. Eso no significa comprarles un billete a la península y darles un alquiler social durante seis meses porque, como no pueden hacer frente a las mensualidad, al final acaban dejando de pagar. Por eso, el Ayuntamiento tiene que proporcionarles trabajo y hacerles un seguimiento social continuado en el tiempo. Si no hace esta labor, todas las medidas sociales que adopte serán inútiles. Además, no estamos hablando de mil personas sino de veinte personas si no cuentas a los niños. Un Ayuntamiento, con los recursos que tiene, ¿no puede dar solución a estas personas?
—Estos días hemos asistido a diferentes intentos de ocupaciones ilegales en diferentes viviendas del barrio. ¿Se está produciendo un incremento de este tipo de casos en los últimos tiempos?
—-A la gente les parecerán muchos pero, en comparación con el pasado, es poco. Desde los desalojos de 2016 habrá habido 7 u 8 intentos de ocupación como mucho y la mayoría han sido en una misma vivienda. Lo que criticamos es que no existen protocolos de la Policía Local para actuar en estos casos. Han sido los vecinos, los propios propietarios los que han puesto en conocimiento de la Policía y del Ayuntamiento de estos hechos. Y lo más curioso es que hay un retén de la Policía Local a menos de cien metros del lugar donde se han producido las ocupaciones.
—¿La Policía Local no patrulla por sa Penya?
—No patrulla pero la culpa no es de los agentes sino de los mandos. Es una cuestión política.
—¿Es sa Penya un barrio sin ley?
—No, cada vez hay mejor relación entre los vecinos. El problema es que se estigmatiza a estas personas y el Ayuntamiento no actúa como debería desde el punto de vista social y urbanístico. Lo que no tiene sentido es que el Ayuntamiento diga que la rehabilitación será lenta y, sin embargo, diga también que es urgente. Cuando alguien tiene la firme convicción de algo, no piensa en los problemas sino en las soluciones.
—¿Cómo se pueden frenar los intentos de ocupaciones?
—Se podrían frenar de una manera muy fácil. La Policía Local debería tener un plano con la situación de cada vivienda que hay alrededor de la UA27 y el nombre de los propietarios. Con ese plano, si la Policía Local patrullara por el barrio podría actuar rápidamente llamando a la Policía Nacional para que desalojara a los ocupantes y se tapiara de nuevo la vivienda. Si las personas que ocupan casas ven que se les desalojan rápidamente, cada vez lo harán menos.
—¿Ha habido un descenso de la venta de drogas tras los desalojos de la UA27 realizados por el Ayuntamiento en abril de 2016?
—La venta de drogas no es el principal problema de sa Penya. Sí que es cierto que en los barrios degradados la venta de drogas fomenta la marginalidad pero también hay otras zonas en Ibiza donde se vende droga y no hay marginalidad. El verdadero problema de sa Penya es que no hay medios suficientes y la falta de voluntad política que conlleva un retraso en las actuaciones urbanísticas. La droga es un inconveniente más para vivir en el barrio pero no la fundamental. La gente no quiere vivir en sa Penya porque ponen música en la vía pública y la Policía Local no actúa contra esto porque no hay ningún protocolo desde ningún punto de vista. La venta de droga influye mucho más en la calle de la Virgen que en sa Penya porque allí hay unos establecimientos pero sa Penya es zona cero, no hay nada. Cuando sa Penya se rehabilite creemos que el problema de la droga se acabará.
—¿Cuál ha sido la última reunión mantenida entre los representantes de los vecinos de sa Penya y el Ayuntamiento de Eivissa?
—Tras el pleno de enero en el que acudimos como público solicitamos una reunión con el alcalde y todavía no hemos recibido respuesta más de 20 días después. Me parece muy bien que se reforme Vara de Rey, que se quiera la capitalidad de Vila pero la rehabilitación de sa Penya ya toca. Todavía no nos hemos reunido con el alcalde esta legislatura y, es más, nunca el Ayuntamiento ha actuado de oficio. Siempre hemos sido nosotros los que hemos llamado al concejal de Cultura y Patrimonio, Pep Tur. El PSOE apoyó una moción en la anterior legislatura del PP para que el Ayuntamiento mantuviera con cierta periodicidad reuniones con los vecinos para tratar la problemática del barrio. Ahora han llegado al poder y esta moción ha quedado en el olvido.
—¿Está haciendo el actual equipo de gobierno municipal todo lo que tiene en su mano para solucionar la situación del barrio?
—El Ayuntamiento tiene interés en solucionar el problema de sa Penya pero no sabe cómo resolverlo y prioriza otros proyectos. El procedimiento de expropiación lo aprobaron en el año 2011 y tardaron cinco años en lanzar a los propietarios de la UA27. Ese procedimiento sí que era realmente complicado y se consiguió. Por eso no entiendo que lo que es relativamente fácil no se haga. Si el Ayuntamiento quisiera, la comisión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) se reuniría con urgencia para aprobar el proyecto y a finales de mayo podrían empezar las obras. Pero no hay voluntad política.
—El Ayuntamiento está convencido de que la rehabilitación de la UA27 va a conducir a la rehabilitación integral del barrio. ¿Comparte está opinión?
—No, si esta rehabilitación no va acompañada de las medidas sociales pertinentes. La construcción del nuevo bloque de viviendas sí que supondrá que mientras duren las obras el barrio esté más vigilado. Pero si lo hacen y luego tardan mucho tiempo en conceder las viviendas en régimen de alquiler van a tener el mismo problema. Si siguen permitiendo la actual situación en sa Penya, estas personas van a seguir ocupando viviendas. Bajo de mi casa hay una vivienda ocupada donde vive una chica con cuatro niños pequeños con su madre. ¿Quién le va a dar trabajo a una persona así?
—¿Por qué han fracasado los sucesivos equipos de gobierno en sus respectivos intentos para recuperar sa Penya?
—Porque no han aplicado políticas adecuadas ni continuadas en el tiempo. Lo único que ha sido efectivo ha sido idear el proceso de expropiación de la UA27 porque abordaba de manera global toda la problemática de sa Penya.
—Se están vendiendo determinadas viviendas en el barrio a precios desorbitados. ¿Está despertando sa Penya interés entre los especuladores?
—Hay mucho interés por parte sobre todo de personas extranjeras porque les encanta la zona de sa Penya. Son personas que tienen estabilidad económica de unos 50 años. Creemos que el interés ha crecido desde los desalojos. Empiezan a comprar pero a precios de la zona. La problemática de sa Penya ha mejorado porque muchas viviendas de particulares que antes estaban abandonadas ahora se empiezan a rehabilitar y eso impide muchas ocupaciones.
—¿Teme que la degradación del barrio derive en especulación?
—Los precios en sa Penya ya están disparados y yo creo que el que compre hoy en sa Penya ya no va a rentabilizar la inversión. Hay que tener en cuenta que en el barrio va a haber viviendas de alquiler social y por eso no va a haber especulación. Además de que sa Penya tiene muchos inconvenientes como las barreras arquitectónicas, la falta de aparcamiento, cero comercios. Hay viviendas en sa Penya que las venden a 3.000 euros el metro cuadrado y no las compra nadie, por lo que no creo que los precios se disparen más. Si la rehabilitación del barrio hace que los precios se disparen pues mejor para los propietarios. Además, hay que tener en cuenta que la gente que tiene más dinero tiene comportamientos más normalizados.
—¿Por qué defienden el alquiler turístico en sa Penya?
—Es una buena medida para que, en unos determinados meses, haya más gente en sa Penya y se relacionen con las personas porque eso favorece la normalización del barrio.