El presunto consenso social y político que se exhibe respecto a la futura ley de restricción de la entrada de vehículos en Formentera quedó anoche en entredicho, ya que los espectadores del BNP de la TEF no lo apreciaron en el debate en el que participaron representantes de Gent per Formentera, PSOE y PP. O al menos no tan sólido como a menudo se pretende hacer ver.
José Manuel Alcaraz (PP), sacó pecho de haber sido la primera formación política que propuso la medida y resaltó que llega tarde, responsabilizando al actual equipo de Gobierno de dicho retraso. Además, planteó que ellos hubieran preferido el establecimiento de una tasa de entrada de vehículos en la isla con carácter medioambiental, bajo el criterio de “el que más contamina, más paga”. También criticó que el Consell no les haya mostrado los estudios jurídicos respecto a la imposibilidad de tal medida.
Rafa Ramírez (PSOE) rechazó tal retraso y dijo que estaban siendo pioneros. “Estamos a la vanguardia de solucionar el problema” y añadió que “el resto de islas están pendientes y está teniendo repercusión internacional”.
Alejandra Ferrer (GxF) resaltó el consenso político y social de la medida de restricción de la entrada de vehículos y también la unanimidad existente en el Consell d'Entitats de la isla. “Desde Formentera se viene trabajando en la movilidad desde el año 2008-2009”, subrayó la consellera insular de Territorio, Turismo y Comercio, destacando su apuesta por la movilidad sostenible y los puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Alcaraz dijo haber hablado con muchos de los agentes implicados en la medida y aseguró que algunos aseguraron que desde el Consell nadie se había puesto en contacto con ellos. «Se tendría que haber trabajado mucho más», defendió el portavoz popular. «Además, nuestra propuesta de la tasa permitía recaudar dinero para invertirlo en transporte público, que actualmente es superdeficitario», apostilló.
Alejandra Ferrer quiso dejar claro que la futura norma permitirá al Consell de Formentera establecer el límite de vehículos y revisarlo cada año. «Somos muy conscientes de que en Formentera vivimos del turismo», sentenció.
Durante el programa también se analizó la problemática de la vivienda, de la carestía de los precios y también del «decreto del catalán» en la sanidad pública y cómo afecta a la Pitiusa del sur.