La combinación de precariedad laboral, sueldos bajos y aumento espectacular del precio de la vivienda, con alquileres imposibles de pagar en muchas zonas de la Comunitat, empieza a pasar factura: la licitación de 62 viviendas que tenía libres el Ibavi se ha saldado este mes con una avalancha de 3.575 peticiones. Es decir 58 solicitudes para cada uno de los pisos que se ofertan.
A los factores económicos se añade otra circunstancia que arroja luz sobre este problema: el hecho de que de Govern solo dispone de 1.749 pisos en propiedad cuando hace dos décadas, la cifra superaba los 10.000. En la Conselleria de Territorio reconocen que existe un problema grave pero inciden en que el Govern está poniendo los mecanismos para tratar de solventarlo.
El departamento que dirige Marc Pons quiere actuar por dos vías: por un lado, este mismo año ha puesto en marcha un plan de construcción de vivienda que aportará 511 nuevos pisos al parque público cuando esté finalizado.
Para siempre del Govern
La otra novedad que permitirá ampliar el parque de vivienda tiene que ver con cambios legislativos: el proyecto de ley de vivienda que está tramitando el Parlament en estos momentos impide que esos pisos de nueva construcción se vendan a particulares. Es decir, los adjudicatarios que compren viviendas hechas gracias a la ayuda pública podrán venderlas, pero solo al Govern.
Gracias a esta vía, se consigue que el parque de vivienda pública no decrezca y además se evita que los ciudadanos que han conseguido comprar un piso gracias a las ayudas del Govern se lucren después con su venta a un particular a una precio especulativo.
La avalancha de solicitudes se explica también en el precio de esos 62 alquileres que oferta el Govern. Quienes los reciban pagarán un alquiler en función de sus ingresos pero el pago del alquiler en ningún caso superará el 30 por ciento de los ingresos totales. En circunstancias muy excepcionales, para familias con ingresos extremadamente bajos, el precio fijado es del cinco por ciento de esos ingresos. Los peticionarios siempre deben acreditar que disponen de una fuente regular de ingresos para evitar así la morosidad.
La puesta en marcha de este plan de construcción de vivienda ha venido acompañada de una petición del conseller Marc Pons al resto de formaciones políticas: que la política de vivienda tenga continuidad gane quien gane las elecciones.
El conseller aseguró en el Parlament que si la política que ha iniciado este Govern se mantiene en el tiempo, en diez años el parque de vivienda pública habrá aumentado en 5.000 pisos, lo que acerca la cifra a los datos de antes de la crisis.
El precio de los alquileres privados se ha disparado en 2017 con cifras de incremento cercanas al diez por ciento. El aumento en el de la compra de vivienda fue del ocho por ciento.
Las otras propuestas
1- Los bancos deberán ceder al Govern los pisos de su propiedad vacíos
Una de las grandes novedades legislativas de la ley de vivienda es la obligación de que bancos, inmobiliarias y promotores que tengan viviendas vacías las cedan al Govern para que las ponga en alquiler. El Constitucional acaba de avalar una propuesta similar del Parlamento navarro.
2 - Casi 5 millones de euros para 2.300 beneficiarios de ayudas al alquiler
Otra de las cuestiones en las que quiere incidir el Govern es en las ayudas al alquiler de vivienda. Este año gastará 4,7 millones de euros, de los que se beneficiarán 2.300 ciudadanos. La ayuda puede llegar al 40 por ciento del precio total de la vivienda.
3 - La ley de vivienda, a punto de ser aprobada por el Parlament balear
El conseller Marc Pons ya ha logrado el visto bueno del Consell de Govern a la nueva ley de vivienda, que incluye además la opción de ceder suelo a cooperativas para que construyan pisos. El proyecto está a punto de ser aprobado por el Parlament balear.
EL DATO
1.749 VIVIENDAS PROPIEDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA
El parque de vivienda pública del Govern es de 1.749 unidades. De ellas, 1.448 están en Mallorca, 213 están en Menorca; otras 74, en Eivissa y 14, en Formentera.