El Parlament declaró ayer la «ilegalidad de los tribunales y de los procedimientos instruidos en Balears durante y en relación a la Guerra Civil y la dictadura franquista hasta 1978 por ser contrarios a la ley y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo».
Así lo refleja uno de los artículos de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democrático que la Cámara aprobó ayer en una emotiva sesión y con un amplio grado de consenso, poco habitual en otros debates. Aunque no hubo acuerdo al cien por cien (PP y Ciudadanos pusieron reparos a varios puntos, sobre todo a los que establecen un marco de sanciones por el incumplimiento de la norma), todos los grupos asumieron la mayor parte de la propuesta, incluida la anulación de causas. La izquierda eliminó en la fase de ponencia algunos puntos y eso permitió ampliar los votos que consiguió la norma cuando se tomó en consideración hace unos meses.
Por lo que se refiere a la anulación de los procedimientos judiciales que tienen que ver con la Guerra Civil, la ley –que entrará en vigor cuando se publique en el BOIB– señala que de dicha anulación «se deduce» (es la expresión utilizada) «la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas de carácter penal, civil y administrativo, dictadas por razones políticas en las Islas por el régimen franquista, incluyendo las sentencias de los consejos de guerra, tribunales populares, tribunales de responsabilidad política, Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo y del Tribunal de Orden Público (TOP)».
Los nombres de Porreres
El PP y C's tampoco votaron en contra, aunque tampoco a favor (se abstuvieron) de la exposición de motivos de la ley que incluye, por primera vez en la Historia, una condena a la dictadura franquista. La ley da paso a elaborar un censo de víctimas, salvaguardar archivos históricos, prevé la supresión de cualquier simbología y vestigios franquistas y establece sanciones que van de 200 a 150.000 euros.
David Abril (Més) destacó que el Parlament balear «sigue haciendo historia» y añadió que «hoy comenzamos a saldar una deuda». Uno de los momentos más emotivos fue cuando citó los nombres de las personas localizadas en la fosa de Porreres. Silvia Cano (PSIB) destacó que «hemos abierto las fosas para cerrar las heridas». Y añadió:
«Es muy significativo que en 35 años este Parlament no haya condenado la dictadura franquista. Hoy lo hace». Juan Ma- nuel Lafuente (PP) se esforzó en un discurso conciliador, dijo que apoyaba la ley pero que «también la izquierda tendría que asumir su responsabilidad pasada». Camargo (Podemos) celebró que «la ley no es equidistante».