Las asociaciones de vecinos Sa Penya y Sa Riba denuncian el «ruido extremo» que sufren seis meses al año en el puerto de Ibiza y piden la dimisión de la concejala de Medio Ambiente porque «no actúa» y les deja «indefensos».
A través de un comunicado, las agrupaciones vecinales exigen al Ayuntamiento de Eivissa «el cumplimiento de la Constitución y de todas las leyes» que les amparan y de los derechos que les protegen contra la contaminación acústica, y que, según critican, «son papel mojado en el puerto de Ibiza».
«El ayuntamiento nos ha convertido en esclavos de la noche, el ruido, el escándalo y la masificación», lamentan.
Según explican, el Consistorio mantiene en el barrio «un hilo musical de ruido electrónico, con un pinchadiscos en un primer piso», a la vez que las calles «están llenas de altavoces y televisiones en las puertas».
«Hay desfiles de discotecas que chillan de madrugada, se autorizan macroconciertos sin limitadores, que además dejan las calles llenas de basura; se instala publicidad de discoteca en nuestras fachadas, sin nuestro permiso, y también en farolas y árboles», argumentan.
También hacen hincapié en la falta de insonorización de una conocida discoteca aunque es una «obligación» que el Ministerio de Fomento ha comunicado al Consistorio.
Respeto a la ocupación del espacio público, los vecinos consideran que «está próxima a la totalidad» y critican que «sólo se autoriza un espacio libre de 140 centímetros en las puertas, olvidando los límites que establece el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI)"
Además, cuestionan que ahora, el Ayuntamiento «quiere añadir obstáculos metálicos para acotar espacios», una nueva limitación a la que se niegan porque «empeoraría» la nuestra situación.
Según recuerdan, Ibiza forma parte del grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad «y esto implica respeto al patrimonio y a los vecinos».
Lamentan que el Consistorio permita el atraque de cruceros y grandes esloras: «Casi en nuestras puertas» denuncian. Son embarcaciones que, por su «gran potencia y vibraciones muy elevadas» hacen peligrar los cimientos de unas viviendas que tienen más de 200 años de antigüedad.
Entre otra cuestiones, las asociaciones ponen como ejemplo a la localidad de Sant Antoni, que ha procedido a la declaración de Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) mientras que Vila «no sabe o no quiere llevar a cabo» esta declaración.
Por todo ello, piden la dimisión de la concejala de Medio Ambiente: «Cuando estaba en la oposición, intervenía para reclamar los derechos de los niños de nuestros barrios y ahora se ha olvidado de esos derechos y de los de todos nosotros». «No actúa contra el ruido, y nos deja indefensos», lamentan.
Asimismo piden que el Consell d'Eivissa asuma la competencia de Declaración de Zona de Protección Acústica Especial ante la falta de actuación del Ayuntamiento de Eivissa.