Han pasado dos años desde que, a finales de abril de 2016, un gran dispositivo policial desalojara a las personas que ocupaban la UA27, el bloque de viviendas más degradadas de sa Penya, situadas entre las calles Alt y Retir. Pasado este tiempo, el robusto muro de hormigón que construyeron para evitar nuevas ocupaciones sigue impidiendo el acceso al interior del inmueble.
Sobre este solar, el Ayuntamiento de Eivissa y el Govern balear han proyectado construir un edificio de once viviendas destinadas a alquiler social. Sin embargo, todavía no se ha movido ni un ladrillo a pesar de que el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) ya ha entregado al Consistorio el proyecto de la obra. Los argumentos que dan desde el equipo de gobierno es que los técnicos municipales están revisando los planos y haciendo algunas modificaciones. «Se trata de un proyecto grande e importante y, por tanto, se tiene que hacer con especial cuidado», aseguran.
Una visión que nada tiene que ver con la de los vecinos del barrio. Manuel Palá, presidente de la asociación vecinal Salvem sa Penya, critica que el proyecto de rehabilitación de la UA27 esté paralizado desde el pasado mes de enero a causa de la «pasividad» del equipo de gobierno de Vila y temen que, a solo un año de las elecciones municipales, las obras no arranquen esta legislatura. En este caso, la asociación está dispuesta a estudiar posibles acciones legales para obligar al Ayuntamiento a poner en marcha el proyecto.
Mejor convivencia
El único aspecto que ha mejorado en el barrio, en opinión de Palá, ha sido la relación entre vecinos. «La vida en sa Penya está más tranquila en buena parte gracias a la implicación de los vecinos que, en algún caso concreto, prestan ayuda a familias que se encuentran en determinada situación de desamparo». En este sentido, el presidente de Salvem sa Penya considera que la rehabilitación del barrio solo podrá conseguirse por dos vías: a través de medidas represivas o buscando la integración social con políticas sociales adecuadas ayudando a las personas que están en una situación personal delicada.
Una de estas familias es la de Amparo Cortés, madre de tres hijas y cuyo marido es discapacitado. Desde hace más de un año ocupa un piso propiedad del Ayuntamiento, que tendrá que desalojar cuando sea firme la sentencia que recibió el pasado mes de febrero. «Cuando me echen a la calle me iré a dormir a la puerta de Can Botino con unos colchones», advierte.
Cortés asegura que los servicios sociales municipales no le ofrecen ningún tipo de ayuda cuando el Consistorio tiene cinco casas de su propiedad en el barrio tapiadas desde hace años «acumulando basura». «Prefieren que se caigan por tenerlas cerradas a que una familia pueda vivir allí», lamentó.
Mientras Amparo Cortés cuenta su situación, Dolores y María, dos de sus vecinas, asienten. Creen que el Ayuntamiento está cometiendo «una injusticia». «O hacen algo para ayudar a toda esta gente o no se va a solucionar el problema», recalcan.
Recuerdan que, hace años, en sa Penya vivían extranjeros, payos y gitanos «y no había ningún problema». «Ahora da miedo pasar por la calle Alt porque parece una ciudad fantasma. Da mucha tristeza», señalan estas vecinas, quienes consideran que el barrio «tiene una mala fama que no se corresponde con la realidad». «Aquí hay gente que cotiza y que paga sus impuestos. No todos vendemos droga», añaden.
El temor de una parte del vecindario es que sa Penya se convierta en unos años en un barrio exclusivamente de gente adinerada. De hecho, en los últimos meses ha habido mucho movimiento inmobiliario de personas, sobre todo extranjeras, que compran propiedades incluso en ruinas para rehabilitarlas con la intención de vivir aquí unos meses al año.
Sin embargo, mientras algunas casas son reformadas, el entorno de la UA27 sigue en un estado lamentable a la espera de que la ansiada rehabilitación se ponga en marcha y convierta este antiguo barrio de pescadores en calles donde se pueda transitar con normalidad y convivir en paz.
LA NOTA
Siguen las ocupaciones de casas vacías
Las ocupaciones de viviendas vacías en el barrio de sa Penya siguen a la orden del día. En estos momentos, hay cinco pisos de propiedad privada y otros dos propiedad del Ayuntamiento ocupados, la mayoría incursos en procedimientos de desalojo, según datos de la asociación Salvem sa Penya. Las últimas ocupaciones que se han llevado a cabo son de familias que vivían en otras casas de sa Penya y que se han trasladado de vivienda tras ser desalojados. Manuel Palà criticó el hecho de que el Ayuntamiento de Eivissa no haya podido evitarlas «cuando existe un retén de la Policía Local a escasos metros de donde se producen las ocupaciones. Salvem sa Penya recomienda a los propietarios que no usen habitualmente sus casas que instalen alarmas para poder desalojarlas sin iniciar un procedimiento judicial.