El Govern de les Illes Balears que preside la socialista mallorquina Francina Armengol, a través de la Conselleria de Salut que preside la socialista mallorquina Patricia Gómez, ha liquidado la función hospitalaria de un centro sanitario ibicenco, el Hospital Residencia Asistida Cas Serres. Como si nos sobraran los hospitales en Ibiza. Que prueben de hacerlo en Mallorca, a ver qué tal les va...
Lo han hecho con el atronador silencio de las conselleras ibicencas Pilar Costa, también socialista y Fanny Tur. Y con el placet del Consell d'Eivissa, administración que gestiona Cas Serres (teniendo al frente a la consellera insular Lydia Jurado, es un decir) porque tras las palabras de Patricia Gómez el pasado martes en el Parlament, afirmando que pese al recurso de alzada interpuesto por el Consell que preside el socialista Vicent Torres, no se va a rectificar, hay que concluir que el Consell se ha resignado.
Tras denegar ‘in voce' el recurso del Consell d'Eivissa, ¿ustedes han oído alguna voz de algún socialista ibicenco criticando a la consellera mallorquina? Ni la han oído ni la oirán, porque aunque hay motivos de sobra, del PSOE ibicenco no se oirá una crítica al Govern de Armengol, ni aunque cierre un hospital. Ni aunque cerrara dos.
Una tomadura de pelo.
Para camuflar la fechoría se dice que todo seguirá igual, que los servicios se mantendrán intactos y que incluso se conservará el nombre oficial de Hospital Residencia Asistida Cas Serres, con lo que se pretende embaucar a la sociedad ibicenca como si fuéramos estúpidos. Si Cas Serres no tiene catalogación de hospital, no puede llevar a cabo los mismos servicios que si la tuviera, como cualquiera puede entender. Y tratar de que el asunto parezca una cuestión de nomenclatura, un asunto menor de burocracia administrativa, es tratar a la ciudadanía y a los trabajadores de Cas Serres como tontos.
Afortunadamente, estos últimos, conscientes de lo que se juegan, no se van a dejar timar tan fácilmente y están dispuestos a ir a los tribunales para detener una barrabasada que no tiene precedentes en Ibiza ni en Baleares. Porque en resumidas cuentas, desde Mallorca, políticas mallorquinas deciden liquidar un hospital público ibicenco. No hay más. No se dejen tomar el pelo, no acepten cuentos chinos. Es como se lo estoy contando.
Dar la cara.
La prueba del algodón de lo que les digo es que a la ausencia de crítica a la consellera Gómez por parte del PSOE de Ibiza y singularmente por parte del presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Torres (que además es secretario general de la FSE-PSOE) se une la cobardía extrema de la susodicha consellera, incapaz de dar la cara en un asunto tan delicado y presentarse en Cas Serres y decirles cara a cara a sus colegas de profesión (recordemos que la consellera es enfermera) y mirándoles a los ojos, que nada va a cambiar. Podría incluso hacerlo acompañada de la presidenta Armengol, que sería mucho mejor. Estaría bien que vengan a solucionar el estropicio que ellas han causado. O al menos, que den la cara.
Claro que las cosas en Cas Serres van a cambiar. Para Patricia Gómez evidentemente que no, que vive en Mallorca. Para los trabajadores de Cas Serres ya verán como sí. Y para los usuarios del centro también. Y de rebote para Can Misses, que tendrá que hacerse cargo de no pocos pacientes que ahora no van por allí porque los atienden perfectamente en la denostada residencia.
Una calamidad.
Al final verán ustedes como la culpa de todo la tienen los trabajadores o el PP. Ya verán. Resulta que desde Mallorca se genera un problema de consecuencias catastróficas para la imagen política del PSOE ibicenco y de Podemos, que es quien gestiona el departamento insular de Salud (es un decir, claro) retirando la función hospitalaria a la residencia de Cas Serres y verán ustedes como se las gobiernan para que nadie asuma su responsabilidad.
Lydia Jurado, una auténtica calamidad, no se marchará a su casa por haber tramitado fuera de plazo la renovación de la catalogación hospitalaria, ni porque haya acabado sucediendo lo que ella aseguró a los trabajadores que no pasaría jamás.
El Consell d'Eivissa agachará la cabeza como un «xotet de cordeta» (que dirían los mallorquines), sumisa y dócilmente, dirán que nada cambiará, que es solo un tema administrativo sin el menor efecto sobre la realidad, pese a lo cual la consellera no quiere rectificar porque teme prevaricar. Claro, claro.
Y si el asunto no se olvida, como está claro que pretenden tanto el Govern como el PSOE de Ibiza, veremos cómo la culpa será de los trabajadores o del PP.
Pero ¿ustedes son capaces de imaginar siquiera remotamente los alaridos y el rechinar de dientes que oiríamos si esta jugarreta la hubiera perpetrado el PP en lugar del PSOE? ¡Las mareas blancas y lo sunamis que se hubieran desatado! Y ya ven, lo hace el PSOE y aquí paz y en Mallorca gloria.
Como Aída Alcaraz.
Esto es como el inminente juicio contra la concejal del PSOE de Sant Antoni, Aída Alcaraz, que fue denunciada ante los juzgados por el jefe de la Policía Local por acoso laboral y resulta que poco menos que la culpa de todo es del PP y de la «derecha mediática» que diría el alcalde de Vila, Rafa Ruiz.
Igual él pretenderá que lo ocultemos, ¿verdad? Es lo que hacen otros medios que deben preferir complacerle a informar a sus lectores. No es nuestro caso. Pero no nos culpe del asunto, que nosotros solo contamos lo que pasa, algo que a Ruiz le saca de quicio.
Feliz domingo.