Llevan más de diez años pleiteando tras ser víctimas de una estafa inmobiliaria y ahora, a quince días de la vista oral, la Audiencia Provincial les ha comunicado que el juicio se pospone hasta finales de noviembre «vista la imposibilidad de encontrar acomodación en la isla de Ibiza para los miembros del Tribunal que se desplazan para el enjuiciamiento». Así lo indica una diligencia de ordenación fechada el lunes en Palma, una comunicación que ha sido la enésima contrariedad sufrida por los denunciantes.
En virtud de esta diligencia, la sección segunda de la Audiencia de Palma deja sin efecto el señalamiento de juicio oral previsto para los días 30 y 31 de mayo, y señaló como nueva fecha los días 28 y 29 de noviembre.
Para la celebración de un juicio la Audiencia Provincial desplaza a unas cinco personas, tres integrantes del Tribunal, un secretario y un agente judicial.
Estafa inmobiliaria
Los hechos que deben ser juzgados se remontan al año 2006 cuando los tres acusados realizaron una serie de contratos de compraventa sobre una serie de viviendas a construir en una finca de Sant Rafel.
El Ministerio Fiscal solicita sendas penas de 10 años para dos acusados por los delitos de estafa y apropiación indebida, así como una pena de 4 años de prisión para el tercer implicado, en este caso por un delito de estafa.
En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que el principal acusado indemnice con un total de 261.270 euros a las trece personas afectadas por la compraventa de las viviendas.
Para el otro principal encausado el escrito de acusación impone indemnizaciones por valor de 54.893 euros.
Según el escrito de acusación, en noviembre de 2005, el principal acusado, M.V.D, celebró un contrato de permuta con V.J.M.P, por el que éste le cedía el pleno dominio de una finca de su propiedad localizada en el número 11 de la calle Isidor Macabich de Sant Rafel a cambio de 4 pisos, libres de cargas y gravámenes en una construcción que se iba a realizar por M.V.D., en la finca cedida. Dicho contrato contenía una condición resolutoria que podía revertir la propiedad a su origen si no se entregaban sus pisos en 24 meses. A lo largo de 2006, M.V.D., realizó una serie de contratos de compraventa sobre las viviendas recibiendo diversas cantidades que oscilaban entre los 3.000 y los 60.000 euros.
Además, el 1 de julio de 2006, el acusado cedió la propiedad de la finca al otro implicado J.J.M.H., quien a su vez recibió otras cantidades por parte de los afectados.
Posteriormente, en 2009, el propietario original recuperó la finca comprometiéndose notarialmente a respetar los contratos existentes, pero un año después vendió las viviendas a otras personas y también las alquiló a 21.700 euros.
Diez años después, los afectados no tienen ni vivienda ni el dinero invertido.