Nuevo terremoto político en el equipo de gobierno del Consell d'Eivissa. El pleno de la máxima institución insular rechazó ayer la propuesta de zonificación para la comercialización de estancias turísticas en viviendas presentada por el equipo de gobierno gracias a los votos en contra de los seis consellers del Partido Popular y el del conseller de Medi Ambient, Miquel Vericad, que cumplió lo que ya anunció su formación y rompió la disciplina de voto.
Al finalizar el pleno, la vicepresidenta socialista, Marta Díaz, señaló que su partido se sentía «muy decepcionado porque un miembro de Podem–Guanyem ha votado hoy con el Partido Popular», y señaló que sus socios de gobierno «tendrán que asumir responsabilidades».
En cuanto a la posibilidad de que el presidente insular, Vicent Torres, pudiera cesar a Vericad en caso de que Podem–Guanyem decidiera no tomar ninguna decisión al respecto, Díaz señaló que «ya veremos». La socialista añadió que «los acuerdos de gobierno se tienen que cumplir y hoy los ha incumplido un miembro de Podem-Guanyem», al mismo tiempo que señalaba que Vericad había llevado al traste «un trabajo de meses del departamento de Turisme».
Por su parte, la vicepresidenta de Podem–Guanyem, Viviana de Sans, destacó ante los periodistas que «valoraremos lo que ha pasado pero no hay ninguna decisión tomada», en relación a la petición que le hicieron los socialistas. En cuanto a la rotura de la disciplina de partido del conseller Vericad, la portavoz podemita defendió la libertad de voto y aseguró que «es un tema sensible y entendemos que el conseller Vericad ha votado en conciencia». En cuanto a la posibilidad de que fuera cesado por Vicent Torres, De Sans señaló que «son palabras muy gruesas».
El conseller del PP Vicent Roig fue mucho más allá y pidió la dimisión de Vicent Torres. «Hoy hemos visto un pleno donde un presidente del Consell, que también es conseller de Turisme, no ha sabido sacar adelante una iniciativa suya y por propia vergüenza torera tendría que irse a su casa», afirmó el popular ante los medios.
Debate
Durante el pleno, el presidente insular explicó que la propuesta presentada «cumple con el acuerdo de no autorizar pisos turísticos en plurifamiliares» y se establecía un techo máximo de 20.500 plazas para viviendas turísticas, el mismo número que las ya concedidas, de las 100.000 plazas turísticas que tiene la isla, «por lo que el crecimiento es cero». Esto supone que para comprar una plaza de vivienda turística, a un precio de 4.200 euros la cama, primero se tendría que dar una plaza de baja. Torres explicó que en la zonificación se prohibía el alquiler turístico en Santa Eulària y Vila pero se permitía en suelo rústico común en Sant Josep, Sant Antoni y Sant Joan.
Viviana de Sans justificó que su grupo ha conseguido lo que se propuso al inicio de legislatura, es decir, «que ni una sola vivienda pase de uso residencial a uso turístico» y que «no haya ninguna plaza en la bolsa de viviendas turísticas para autorizar más de las que ya hay».
Vicent Roig, en cambio, señaló que el PP votó en contra porque la zonificación invadía competencias municipales, suponía «un despropósito y no nos aporta nada». El conseller popular invitó al equipo de gobierno a «sentarse a negociar con nosotros» antes de que acabe la moratoria el 31 de julio «y que se recoja lo que quieren los ayuntamientos».
En cualquier caso, desde el equipo de gobierno señalaron que la no aprobación de esta zonificación no supondrá la autorización de más viviendas turísticas «porque no hay más plazas».