Vila y Santa Eulària están entre los municipios de España con las viviendas más caras, según datos publicados por el Ministerio de Fomento el pasado jueves, lo que dificulta enormemente el acceso a la vivienda en Ibiza.
Las razones que son varias: burbuja inmobiliaria y especulación, alquileres turísticos que incrementan los precios, falta de viviendas de protección oficial (VPO), entre otras.
Antes de 2008, los usuarios se dirigían al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para comprar una vivienda a un precio razonable. Diez años, debido a los estragos de la crisis financiera, «la gente pide vivienda para alquilar adaptada a sus ingresos familiares», explicó el pasado jueves Marc Pons, conseller de Territorio, Energía y Movilidad del Govern.
El conseller participó en una jornada en la que se presentaron las claves de la nueva ley balear de vivienda que se aprobará el próximo martes en el Parlament. El acto también contó con la participación de Elena López, concejala de Territorio y Vivienda de Vila, Mariano Juan Colomar, concejal de Urbanismo de Santa Eulària y Aitor Morrás, diputado en el Parlament.
La nueva ley contempla que los grandes tenedores de vivienda (personas físicas o sociedades con más de 10 en propiedad), que las tengan desocupadas durante dos años, tendrán la obligación por ley de cederlas a la administración pública para darles una función de «alquiler social».
Las personas que las necesiten podrán pedirlas a través del Ibavi y los ingresos que reciba la administración irán «a las arcas de las entidades financieras o fondos buitre», apuntó el conseller. Pons recordó que se inspiran en la ley navarra, amparada recientemente por una sentencia del Tribunal Constitucional.
Según los nuevos criterios, el usuario pagará por el alquiler un 30% de sus ingresos familiares como máximo, a diferencia de ahora, que se paga en función de los metros cuadrados.
Pons recordó que con la nueva ley «cualquier familia que tenga unos ingresos inferiores a los 23.000 euros y pague un alquiler por debajo de los 900 euros, recibirá una ayuda del Govern 40% del alquiler». Si es una persona joven o mayor de 65 años, la ayuda será del 50%.
Aitor Morrás, quien trabajó en las enmiendas a esta ley, celebró su implementación y aseguró que su aprobación conquista el derecho de las personas a una «vivienda digna» y que el artículo 22 de la Constitución española «no quede en papel mojado».
Por su parte, Elena López señaló que con el nuevo plan general urbanístico «obligaremos a los promotores a que el 30% de construcción de vivienda sea para VPO». De ellas, además, el 50% iría destinado a vivienda en alquiler. Por otro lado, Mariano Juan reconoció la falta de capacidad de las administraciones locales para detectar el problema y actuar rápidamente para solucionarlo, por lo que pidió cambios burocráticos para responder con «mayor agilidad cuando se trate de tramitar VPO».