La sección tercera de la Audiencia Provincial de Palma ha confirmado la sentencia que el pasado mes de octubre resolvió el Juzgado de Primera instancia número 4 de Ibiza y que ratifica la «ilegitimidad y malas prácticas» de la Comunidad de Propietarios Amares y Locales del Puerto Deportivo de invernada Marina des Botafoch, encabezada por Carlos Harto, Peter Wilmer y, quien fuera directora de este puerto, Cristina Marí.
En su sentencia el juez declara nulos todos los acuerdos y resoluciones adoptados en las asambleas que tuvieron lugar el pasado 16 de febrero y el 2 de mayo de 2016 y que sirvieron para nombrar a los representantes de la comunidad, así como para acordar acciones que iban en contra de la concesionaria del Puerto de Marina Botafoch.
Un ejemplo de estas es la recontratación de la propia Cristina Marí, a sueldo a cargo de la comunidad a pesar de haber sido destituida anteriormente por los cargos legítimos. La sentencia establece que esos cargos «deben considerarse reinstaurados», según explican desde la empresa Puerto Deportivo Botafoch.
Auditoría de control
En una circular interna sirigida a todos los titulares de Marina Botafoch, la actual concesionaria explica que «se tiene intención de auditar todas las cuentas, gestiones y disposiciones de fondos realizadas por quienes intentaron hacerse con el control de la comunidad de titulares aprovechándose de la buena fe de sus integrantes, con el único fin de tomar el poder del puerto deportivo a través de sus usuarios».
Además la empresa concesionaria ofrecerá apoyo legal a quienes la Audiencia Provincial ha considerado «representantes legítimos para que se concierte la reclamación «de todo el dinero que se haya utilizado para sufragar gastos injustificados de toda índole».
Entre los gastos se encuentra el de Marí, que desde Botafoch consideran «estrambótico». También «dispendios innecesarios» como una empresa de vigilancia que se contrató a pesar de que ya había una que operaba por orden de la concesionaria.
Asunto cerrado
Desde Marina Botafoch recuerdan que, aunque cabe recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial, «no se espera que se llegue a interponer, puesto que prolongar este procedimiento judicial significaría seguir malbaratando un dinero de la comunidad que les podría ser reclamado».
Pese a ello, desde Puerto Deportivo de Botafoch alertan de que los «representantes deslegitimados contemplan reorganizarse en forma de Asociación de Titulares, como vehículo para intentar salvaguardar los intereses privados de unos pocos».
Por ello han pedido a todos los titulares que ignoren cualquier comunicación que provenga de ellos y que se sumen a la concesionaria «en sus esfuerzos a conseguir una prórroga de las estructuras existentes que evitaría un concurso público que llevaría a consecuencias imprevisibles».