El pleno del Ayuntamiento de Sant Josep dio ayer marcha atrás, a través de procedimiento de urgencia, en el procedimiento de revisión de oficio de las obras de dos edificios en Cala Vadella que se habían paralizado por la denuncia de un particular que indicaban que las construcciones se encontraban en un espacio libre público destinado a aparcamientos.
El concejal de Urbanismo, Angel Luís Guerrero explicó que el estudio de los servicios jurídicos del Plan Parcial de Cala Vadella encontró que existían dos planos referentes a esa parcela: uno de 1973 en el que se indicaba que el terreno estaba declarado como espacio libre público, y otro de 1983 en el que indicaba que era terreno urbano sin ningún tipo de calificación. Ambos planos estaban sellados por el ayuntamiento.
En estos casos es preceptivo un informe del Consell Consultiu, que llegó el pasado lunes. En él se indica respecto a este expediente que no se puede revisar una actuación ejecutada por el propio Ayuntamiento después de 15 años. Un plazo que efectivamente ya ha transcurrido desde que se concedió la licencia. Además la revisión supondría un perjuicio a terceros que actuaron de buena fe.
Por ello se considera por este órgano que no se debe revisar esta licencia.
La urgencia de esta medida, según explicó Guerrero, venía dada debido a que, al existir una orden de paralización de obra por parte del Ayuntamiento, esto podría dar lugar a que se pidan indemnizaciones al Consistorio desde la promotora de la obra.
Un vecino colindante a la parcela afectada denunció ante la Fiscalía, en septiembre de 2017, la supuesta irregularidad de las obras, que consta también en un informe elaborado por el Consell d'Eivissa en agosto de 2015 para el juzgado encargado de la instrucción del caso Huerta, la presunta trama urbanística perpetrada por el que fuera arquitecto municipal de Sant Josep entre 1996 y 2006, Antoni Huerta Briz.
De la investigación de esta denuncia vecinal, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza acordó en noviembre de 2017 incoar diligencias previas ante la posible existencia de un delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio.
A raíz de esto, en acuerdo del 16 de noviembre, el Ayuntamiento decidió revisar de oficio esta licencia de obra.