La asociación ecologista Greenpeace anunció ayer durante una rueda de prensa a bordo de su buque Esperanza, anclado en el puerto de Ibiza, que ha registrado desde el pasado 12 de julio más de cincuenta denuncias de embarcaciones que están fondeando ilegalmente sobre praderas de posidonia oceánica en las Pitiusas.
Pilar Marcos, portavoz de la asociación, aseguró que la mayor parte vienen en las zonas de Ses Salines, Talamanca y sus fondeos nocturnos y Formentera, «donde ya se ha roto por tres puntos el emisario de La Savina». Por ello, Greenpeace comenzó ayer una campaña de 48 horas en la que cuatro de sus zodiacs vigilarán y denunciarán a los barcos que estén destrozando esta planta con más de 100.000 años de antigüedad y a la que calificó de «tesoro marino».
En ella participarán voluntarios y trabajadores de la asociación, la actriz Inma Cuesta –cara visible de esta campaña–, y miembros del grupo «los guardianes de la posidonia», formado por voluntarios de las asociaciones Oceana, Terraferida y GEN-GOB, Cruz Roja, el Centro de recuperación de especies marinas (CREM) y dueños de empresas de turismo sostenible. Precisamente, Cuesta, en una breve intervención, denunció «lo que está sucediendo con la posidonia», lamentó «que se tengan que hacer leyes que prohiban el que se destruyan las cosas», y animó a todos «a que sean conscientes de la belleza y el tesoro que tenemos».
En este sentido, Pilar Marcos señaló al aumento de la flota de embarcaciones – «Baleares acumula el 60% de la existente en todo el país» –, a «que tres de cada cuatro barcos de turismo charter en Ibiza sean ilegales», a las zonas «hiperdesarrolladas» y a la «turisficación» como principales causas de la situación actual.
Por todo ello, aseguró que, aunque están contentos con el decreto pionero de protección de la posidonia aprobado el viernes por el Govern balear, «la zona de protección debería de extenderse a zonas del Mediterráneo como Catalunya, Levante o el Mar de Alborán, donde solo el 6% de la posidonia está protegida».
«Aplicación inmediata»
Junto a Pilar Marcos e Inma Cuesta ayer también estuvieron en la rueda de prensa Raquel Vaquer Sunyer, de Terraferida, la científica marina de Oceana Marta Madina, y Xisco Sobrado, técnico del Área Marina de GEN-GOB.
Todos ellos valoraron muy positivamente el decreto de aprobación de la posidonia, al que definieron de «normativa pionera en la protección de esta joya natural que se extiende en una superficie de 650 kilómetros cuadrados en torno Baleares». Por ello, también demandaron «que su aplicación sea inminente ya que se ha aprobado durante la temporada estival, justo cuando hay una mayor afluencia de yates en aguas pitiusas», y que se asegure «una dotación suficiente de medios materiales y humanos para que las sanciones sean efectivas desde el primer momento».