Bambagas, la empresa que en julio de 2017 logró la autorización de la Demarcación de Costas (previo informe favorable del Govern balear y del Ayuntamiento de Sant Antoni) para instalar un quiosco–bar en Cala Gració, despidió la semana pasada a cinco empleados.
Fue como consecuencia de un requerimiento de la Inspección de Trabajo en la cual se comprobó que los cinco trabajadores contratados a jornada completa, todos ellos residentes en el municipio de Sant Antoni, no llevaban a cabo la actividad laboral para la que estaban contratados.
Sin licencia
Las trabas burocráticas que el Ayuntamiento que preside Pep Tur Cires ha puesto al funcionamiento del chiringuito y su negativa a emitir la licencia de actividad y permitir así su funcionamiento pese a contar con todos los requisitos legales, como consta en un informe del secretario del Ayuntamiento, han impedido que pueda abrir al público.
Aunque está instalado y dispuesto para funcionar desde el 22 de mayo y a que deberá desmontarse completamente a finales de octubre, al no estar desarrollando su actividad, la Seguridad Social instó a la empresa Bambagas a despedir a los cinco trabajadores, entre los cuales había un jefe de cocina y un jefe de sala.
Los impulsores del proyecto han tenido que contratar a una empresa de vigilancia privada para evitar actos vandálicos y daños en la estructura del chiringuito desmontable. Según ha podido saber Periódico de Ibiza y Formentera, la empresa ha detectado episodios de lanzamiento de piedras que fueron puestos en conocimiento de la Policía Local y de la Guardia Civil de Sant Antoni.
Informe externo
El consistorio portmanyí ha encargado un informe jurídico externo del que ya se tiene un borrador, aunque no el texto final, según confirmó el departamento de prensa del Ayuntamiento. Al parecer este informe externo sería utilizado en contraposición al informe del secretario municipal.
Recordemos que el día 10 de julio una treintena de personas convocadas por la plataforma Prou! se manifestaron en contra del chiringuito. Una portavoz de la entidad manifestó incluso su temor a que se convirtiera «en otro beach club». El alcalde de Sant Antoni expresó durante un pleno municipal su intención de hacer «todo lo posible para evitar la actividad de este chiringuito».
Perjuicios
El exfiscal anticorrupción Pedro Horrach, en representación de la empresa Bambagas, presentó una querella por prevaricación contra el alcalde Cires y la concejala de Urbanismo Cristina Ribas, además de dos técnicos municipales. Dicha querella está pendiente de admisión a trámite. Además Bambagas tiene intención de exigir responsabilidades al Ayuntamiento por los perjuicios ocasionados por las exigencias municipales que consideran improcedentes pues una instalación desmontable no requiere, a su juicio, informe de final de obra sino únicamente una declaración responsable, valoración que comparte el secretario del Ayuntamiento.