El alcalde de Sant Antoni, Pep Tur ‘Cires', manifestó ayer a las puertas de los juzgados de Ibiza que «nosotros siempre actuamos en cumplimiento de la Ley» y confía en que su comparecencia ante la juez «sirva para aclarar» el caso del chiringuito de Cala Gració, una investigación judicial que ayer llevó a los juzgados a Cires, a su concejal de Urbanisme y dos técnicas. Por su parte, la representación legal de la propiedad del chiringuito de Cala Gració, Bambagas S.L., subrayó que el cierre del quiosco respondió a una «manifiesta voluntad política» y ha ocasionado unas pérdidas que tienen que tener un retorno.
Las comparecencias de ayer quedan a la espera de la declaración del secretario municipal, un testimonio que para los querellantes «es clave». En este sentido, indicaron que el 12 de julio realizaron una instancia reclamando el certificado de finalización de obra , una petición que reiteraron en hasta 18 veces pero que, según advirtieron, no tuvo respuesta ya que al secretario le retiraron la firma.
Las citaciones responden a la investigación abierta por un posible delito de prevaricación tras la querella presentada por la propiedad del chiringuito contra Cires y otros implicados por un delito contra la ordenación del territorio.
Por su parte, el alcalde de Sant Antoni argumentó que «algunos técnicos dijeron que se podía hacer y otros que no. Ante esta tesitura, nosotros nos vimos obligados a pedir asesoramiento jurídico y técnico». Asimismo, hizo hincapié en que están «tranquilos» y confía en que el caso se acabe con las explicaciones dadas y sin que el Ayuntamiento tenga que hacer frente a ninguna indemnización porque «hemos actuado correctamente», remarcó.
El alcalde portmanyí realizó las manifestaciones a los periodistas después de una accidentada y maratoniana jornada en los juzgados. Cires, la concejal de Urbanisme y segunda teniente de alcalde, Cristina Maria Ribas, y dos técnicas estaban citadas a las 11.15 horas para declarar ante la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, María Luisa Bustillo, pero las testificales se demoraron hasta las 14.00 horas debido a la participación de la representante legal de Sant Antoni en otros casos programados.
El tripartito cierra filas
La citación también tenía programada una vista para abordar las medidas cautelares, pero esta ya no se celebró dado que las cautelares estaban solicitadas con la finalidad de abrir el negocio en verano.
Además de los citados por la juez, hasta la sede judicial también se desplazaron prácticamente la mitad del equipo de gobierno tripartito. Así, apoyando al alcalde, acudieron su primer teniente de alcalde, Pablo Valdés, y los concejales Antonio Lorenzo, José Antonio Ferragut y Juan Costa.
«Hemos contestado a todo y esperamos que sirva para aclarar la situación. Es una cuestión jurídica que se debe estudiar bien», apuntó Cires, quien añadió que las preguntas versaron sobre los trámites y los expedientes que se realizan en relación a la petición de una licencia para una actividad.
El Ayuntamiento de Sant Antoni, en sesión de Junta de Gobierno Local del 25 de abril, permitió la instalación para la actividad del quiosco tras emitirse un informe favorable por parte del técnico municipal. A raíz del revuelo ciudadano que ocasionó la instalación del chiringuito, los días 18 y 22 de mayo se presentaron dos informes técnicos por parte de la inspectora de Urbanisme y Activitats y por la arquitecta municipal poniendo de manifiesto la existencia de «ilegalidades» en el expediente tramitado por Costas.