El Partido Popular de Ibiza ha presentado alegaciones a la aprobación inicial de la modificación puntual número 1 del Plan Territorial Insular de Ibiza, una nueva «imposición» del Consell que «llega por la puerta de atrás, sin análisis, ni planificación ni consenso».
El documento, según el portavoz 'popular' Mariano Juan, recoge el «desprecio» a los resultados de la anterior exposición pública, que contó con 2.453 alegaciones para mostrar la «frontal oposición al contenido y que el Consell ha ignorado en todo momento».
En este sentido, el PP ha criticado que el Consell no ha rectificado, por lo que «se ha ignorado la voluntad de los ibicencos».
Por otro lado, el Grupo Popular ha afirmado que las alegaciones constatan la «absoluta ausencia de voluntad de consenso por parte del Consell», explicando que para alcanzar dicho pacto el PP era «plenamente consciente» de que se debían llevar a cabo negociaciones para acercar posturas y encontrar puntos en común, «pero la realidad ha sido que la inicial voluntad de pacto que manifestó el actual presidente del Consell, Vicent Torres, se ha estrellado con la realidad de esta modificación». La nueva propuesta, han reiterado, no ha sido ni tan sólo presentada al grupo político «que más apoyo ciudadano tiene».
Según los 'populares', «más sangrante» que la «nula» voluntad de contar con los ciudadanos que apoyan el modelo territorial que representa el PP, ha sido el «completo ninguneo» al que se ha sometido a la sociedad civil representada en este caso por los colectivos de propietarios rurales, los agricultores y ganaderos, entre otros.
En este sentido, Juan ha explicado que «Torres ha demostrado que el cargo le viene ampliamente grande y tiene nula capacidad de liderazgo, ya que jamás se había impuesto un determinado modelo territorial sin oír a los ibicencos y mucho menos a la gente del campo, que son los principales afectados».
El anterior PTI, ha explicado, fue aprobado en una legislatura popular y contó con el 98 por ciento de los agentes implicados. Desde el PP se ha reiterado la necesidad de pactar un modelo territorial duradero, que dote de seguridad a los ibicencos y «no grave su futuro de bienestar en función de dogmas ideológicos».
El documento, ha añadido, además de reiterar las alegaciones presentadas en 2017 a la NTC, establece que no queda claro si la parte del suelo de una finca rústica que reciba la calificación de SRP-APT de Carreteras podrá ser computado o no para el uso residencial.