El pleno celebrado hace un mes en el Ayuntamiento de Sant Antoni aprobó, de forma definitiva, la adjudicación a la Sociedad Fomento Agrícola Castellonense (Facsa) del nuevo contrato para la gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable y saneamiento en el municipio.
Tras la adjudicación del servicio se abrió el plazo para presentar recursos. En este sentido, el Partido Popular preguntó ayer, en el pleno celebrado en el Consistorio, si había habido impugnación tras conocerse que Facsa asumiría el servicio los próximos 25 años con un contrato que asciende a casi 100 millones. «Hay algún recurso y alguna denuncia», respondió el equipo de gobierno. Así, el secretario municipal explicó que tanto Acciona como Aqualia, dos de las siete empresas que optaban al concurso, habían presentado recursos.
Acciona, por su parte, ha presentado un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central -enmarcado dentro de los Contratos Sujetos a Regulación Armonizada (SARA)-, además de un recurso de reposición al Ayuntamiento. «Si el Tribunal Administrativo resuelve igual que en casos anteriores probablemente lo inadmita», apuntó el secretario. «Por ello, han interpuesto el de reposición para que no se les pase el plazo y el Ayuntamiento lo resuelve por vía administrativa o por recurso contenciosos administrativo», añadió.
Al estar los dos recursos en trámite, el Tribunal Administrativo ha suspendido el procedimiento hasta que se resuelva el recurso, tanto inadmitiendo como resolviéndolo favorable. Esta situación, según dijo el secretario municipal, puede alargarse durante tres meses y «hasta que no se formalice el contrato, el servicio lo sigue dando Aqualia».
De hecho, Aqualia -que es la actual concesionaria- también ha presentado un recurso ante el juzgado y ha solicitado la suspensión del procedimiento que permitiría a Facsa asumir el servicio. Además, ha presentado una querella contra el jefe del servicio.
Cabe recordar que, apenas dos semanas después de aprobar la nueva adjudicación, la mesa de contratación de Sant Antoni ratificó los resultados obtenidos por las siete empresas licitadoras del servicio y lo hizo sin tener en cuenta la petición realizada por Aqualia de suspender el concurso por un delito de «revelación de secretos empresariales y plagio en la formulación de la oferta mejor clasificada» cometido, supuestamente, por un extrabajador de esta compañía que fue contratado por Facsa.
Alumbrado público
En el pleno también se aprobó, con la negativa del PP, retrotraer las actuaciones en el procedimiento de contratación mixto de suministro y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público.
En este sentido, cabe recordar que Citelum Ibérica fue la empresa ganadora en septiembre al presentar la oferta económica más ventajosa. Sin embargo, la Unión Temporal de Empresas (UTE) ha recurrido con un recurso en el Tribunal Administrativo Central ya que, según explicó el secretario municipal, se excluyó del proceso a una serie de empresas. “El acuerdo de exclusión lo adoptó la Mesa de Contratación y esta, directamente, les dio pie de recurso especial ante el Tribunal Administrativo Central”, apuntó. El recurso ha sido inadmitido ya que el Tribunal Administrativo entiende que este acuerdo era un “trámite” que debía ser abordado por el órgano competente: el pleno. “Ahora hay que retrotraer las actuaciones y volver a adoptar el acuerdo de exclusión de estas empresas y el resto de la parte dispositiva, pero va a suponer un retraso”.
Barreras arquitectónicas
Aprobada también, con la abstención del PP, el pago del sobrecoste correspondiente a la primera fase de eliminación de barreras arquitectónicas de una serie de calles del municipio que tuvo lugar en 2017. «Hubo un proyecto inicial con un coste económico que suponía unos 500.000 euros al Ayuntamiento», recordó el concejal Francisco Tienda, «pero cuando se iniciaron las obras se descubrieron una serie de cuestiones que había que mejorar para que la obra quedara bien y suponían un sobrecoste».
En este momento, el Consistorio tenía dos opciones: acometerlas al momento con un extra o hacerlas más adelante con un extra mayor. «Entendimos que lo más eficiente era hacerlas al momento y, a día de hoy, la situación económica del Ayuntamiento es lo suficientemente buena como para poder dar salida al sobrecoste del proyecto», subrayó Tienda.
Sin embargo, la oposición voto en contra al considerar que esta cantidad no estaba prevista inicialmente. «Había que pagarlo igualmente», recordó el equipo de gobierno. Así, con la primera y segunda fase hechas, el municipio prevé hacer la tercera en 2019 con lo que conseguirían que el 80% del municipio esté libre de barreras arquitectónicas.
Cementerio
El Grupo Municipal Popular también preguntó sobre la situación del concurso del cementerio de Sant Antoni. Y es que ninguna empresa se presentó a la licitación para acometer el proyecto. Ante esta situación, el primer edil señaló que tienen que adecuar el terreno con el fin de hacerlo más atractivo de cara a las empresas que quieran presentarse. «Hay que hacer un estudio y modificar las bases porque no se han presentado empresas», matizó.
Los populares también quisieron saber qué pasaba con las ayudas para el reciclaje de libros del curso pasado. En este sentido, el equipo de gobierno reconoció que «vamos con un año de retraso», aunque «ya se están empezando a tramitar».