El Ayuntamiento de Vila aprobó ayer en el pleno ordinario del mes de diciembre, con los votos del equipo de gobierno y la abstención del PP y de EPIC, una nueva cláusula del convenio de colaboración entre el Consistorio y la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para el desarrollo y urbanización de Can Escandell. Así, se han introducido algunos cambios en relación al proyecto inicial, ya que pasa de 410 a 532 viviendas de protección, según explicó Elena López, concejala de Urbanisme. Asimismo, el Consistorio recibe el 40% de una de las parcelas de este sector, lo que se traduce en 70 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en régimen de alquiler social.
El acuerdo, además, incluye un gran parque y equipamientos y es resultado del acuerdo entre varias instituciones. En este sentido, José Luis Ábalos, ministro de Fomento, anunció el pasado mes de noviembre la transferencia de 21,5 millones de euros a los Sepes para promover la construcción de más de 5.000 viviendas destinadas a alquiler social que no superen los 400 euros en Ibiza y otras ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga.
Así, la adenda firmada ayer tiene como finalidad adaptar la voluntad de ambas administraciones de llevar a cabo una gran promoción de la vivienda pública en la zona de Ca n'Escandell, después de la situación generada tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente desde 2009 por una sentencia del Tribunal Supremo.
Por otro lado, el Ayuntamiento se compromete a incorporar a su planeamiento como suelo urbanizable las 17,3 hectáreas de este ámbito en la revisión de su PGOU, actualmente en trámite.
El concejal del PP, Joan Tur, dijo que se habían modificado muchas cosas desde que se había firmado el convenio, en agosto de 2010, «y el problema de la vivienda se ha incrementado». Por este motivo, Tur consideró que se tendrían que haber realizado otros cambios en cuanto al tamaño de las viviendas. «Está previsto que se construyan viviendas de 100 metros cuadrados, pero si fueran más pequeñas se podrían construir más y además serían más baratas, porque el precio de la vivienda va en función del metro», lamentó Tur. Además, el grupo popular también planteó que todas las viviendas que se construyan deben ir íntegramente dedicadas al alquiler social.
En el turno de réplica, López acusó a los populares que si no hubieran «abandonado» la política de vivienda en 2012 en el municipio de Vila «ahora no tendríamos el problema que tenemos».