Un mes después del incendio que dejó inoperativos los juzgados del número 4 de Isidor Macabich y cortocircuiteó la administración de justicia en Ibiza, los órganos judiciales afectados empiezan a dar señales de vida en medio de un cruce de recriminaciones y con la mirada puesta en el futuro edificio judicial que se alza en el antiguo solar de sa Graduada.
Ayer por la mañana, una arquitecta del Ministerio de Justicia inspeccionó la evolución de la obras en el nuevo edificio, valoró el estado en el que se encuentra el juzgado incendiado y analizó las condiciones de los emplazamientos provisionales en el edificio Cetis.
Cronológicamente, la visita dejó el primer titular respecto al edificio en construcción. Tras la visita y antes de adentrarse en el edificio siniestrado, la arquitecta indicó que el nuevo edificio de los Juzgados de Ibiza no se podrá ocupar antes del 31 de marzo, según la valoración realizada. Apuntó que la administración está poniendo medios para recortar los plazos -la constructora ha contratado a más personal y se trabaja en fin de semana- y advirtió que el objetivo es que parte del edificio esté operativo antes de junio.
Posteriormente, la arquitecta constató que el edificio de Juzgados calcinado el pasado 21 de enero ya está «totalmente apuntalado», según señalaron desde el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB).
Críticas desde Palma
Un mes y un día después del incendio, la envergadura del siniestro ha movilizado a una representante de la Gerencia territorial y a una arquitecta del Ministerio.
Mientras la arquitecta valoraba la situación de los edificios, en Palma se reunía la Sala de Gobierno del TSJIB de manera extraordinaria para poner de manifiesto las «dificultades» surgidas «debido a propuestas cambiantes en relación a la ejecución de las instalaciones provisionales en el edificio del Cetis».
En el acta de su reunión, consideraron «oportuno» recordar que, en relación con edificios y dependencias, corresponde al juez decano de Ibiza comunicar «lo que considere oportuno» para que la Sala de Gobierno proponga las medidas que estime adecuadas al Consejo General del Poder Judicial y éste a su vez al Ministerio. Además, apuntaron que, para acortar plazos, el juez decano ya está integrado en el grupo de trabajo constituido».
La Sala de Gobierno lamentó también en su acta que desde el 13 de febrero han sobrevenido «vacilaciones, reticencias y disconformidades» y, así, por segunda vez, los acuerdos de la Junta sectorial de Jueces del orden jurisdiccional penal de Ibiza contienen propuestas que no concuerdan con lo validado por el Juez Decano», indicaron.