La plataforma Alquiler Digno Balears (PALDIBA) ha presentado este martes sus reivindicaciones para que arrendar una vivienda en las Islas esté al alcance de cualquiera. Su portavoz, Francisco José Castillo, ha explicado la problemática que supone a día de hoy el acceso a una vivienda de alquiler en las Islas, con precios que no pueden asumir trabajadores con sueldos de entorno a los mil euros.
Ante esta situación, que califican de «dramática», más de quince entidades conforman esta plataforma que ha elaborado un decálogo con sus propuestas y entre las que destacan que se fije un índice de precios y que se establezcan más medidas de protección en caso de desahucio. Asimismo, reclaman medidas fiscales para incentivar a los grandes tenedores de viviendas a sacarlas al mercado y la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente.
Las medidas que proponen desde la plataforma están dirigidas a las administraciones central, autonómica y local. Aseguran que Baleares, debido al turismo, «parece que se está convirtiendo en un parque temático, y que las personas de las Islas o que vienen a trabajar no tienen cabida». Precisamente la asociación Kellys Unión Balears forma parte de la plataforma ya que muchos trabajadores de la hostelería que se desplazan a Baleares para trabajar durante la temporada turística han sufrido en los últimos años dificultados para encontrar un alquiler accesible, especialmente en Eivissa, aunque la problemática se ha extendido a Mallorca.
Reuniones
La plataforma se presenta en período preelectoral y su fin es mantener encuentros con todas las formaciones. Además, quieren reunirse con todas las administraciones. Consideran que la labor realizada esta legislatura en materia de vivienda «es insuficiente» y criticaron las «prisas» en construir nuevos pisos sociales «justo antes de elecciones».
Su agenda de encuentros no se ciñe solo a políticos sino que también quieren reunirse con entidades bancarias para que «rescaten al pueblo con viviendas con un alquiler sostenible».
He leído el decálogo. Varias cuestiones: 1.- El plazo de seis años, ¿será también obligatorio para el inquilino? O, como presiento solo será obligatorio para el propietario. 2.- En caso de desahucio debe ser el propio desahuciado quien notifique el caso a los servicios sociales de su ayuntamiento. Basta ya de obligar a los propietarios a resolver problemas ajenos. 3.- Me parece muy bien que el Estado, la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento facilite vivienda a quien ha sido desahuciado por no poder pagar. Ahora bien, ¿como distinguirán entre estos que no PUEDEN pagar de los otros que no QUIEREN pagar.? A mi ya me gustaría que me resuelvan el problema de la vivienda, de la sanidad, de la educación de mis hijos, gratis total y poder dedicar mis ingresos a viajar cada dos meses, estar abonado a todos los canales de tv de pago, comprar un televisor gigante último modelo, un smartphone última generación ...