La vía rápida para echar okupas llevó a la interposición de 82 demandas en Baleares los cuatro primeros meses en los que estuvo en vigor la ley. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, el desahucio exprés ha despegado en las Islas pero sin especial empuje. Frente a territorios con centenares de demandas presentadas en esos meses, hasta 463 en Cataluña, en los juzgados insulares se presentaron 22 en el tercer trimestre y 56 en el cuarto.
Las demandas presentadas han desembocado en 20 desahucios de okupas. La cifra no refleja todos los que se han producido por ocupaciones ilegales de viviendas ya que este procedimiento especial solo permite expulsar a quienes entren en casas de particulares. Deja fuera a los pisos cuyos propietarios son bancos o empresas. Las entidades deben someterse a un procedimiento más largo y garantista. Por esa vía se produjeron parte de los 45 lanzamientos que se ejecutaron y que no tienen que ver con impagos de hipotecas ni de alquileres. De esta forma, habrían sido unos 60 los okupas desahuciados en Mallorca por la jurisdicción civil.
Sin embargo, ésta no es la única vía por la que los propietarios buscaron los desalojos. Durante buena parte de 2018 se mantuvieron procedimientos penales en juzgados de Instrucción, si bien la decisión de la Audiencia de no considerar delito cuando los bancos no habían tomado posesión efectiva de los inmuebles limitó el efecto de estas denuncias.
El número total de desahucios en 2018 fue el más bajo en el último sexenio. En total se ejecutaron en Baleares 2001 lanzamientos. El descenso se debe a la abrupta caída de los desahucios que derivan de ejecuciones hipotecarias que se sitúan en niveles que son menos de la mitad que hace un lustro: 428 frente a los 889 que se registraron en 2014, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Al contrario, los alquileres provocan cada vez más desahucios: 1.528 el 2018.
Solo por ser okupas se merecen un sueldo de 1500 euros como minimo