Maria, Vicenta y Antonia Sala regentan el restaurante Cala Salada que fundaran sus padres en 1982. La belleza de este rincón de Sant Antoni ha permitido la longevidad y prosperidad de este negocio. Sin embargo, estas tres hermanas andan preocupadas por cómo puede ir la temporada 2019.
A la competencia desleal de los vendedores ambulantes, que en la zona de cala Saladeta despliegan hasta barras y mesas, se suman ahora las restricciones de acceso a unos de sus principales clientes: los turistas que recorren la isla en barco. El decreto 25/2018 sobre la Conservación de la Posidonia oceánica en las Illes Balears prohíbe «con carácter general, el fondeo sobre posidonia oceánica». La planta marina está presente en todo el fondo marino que hay junto a la costa de cala salada y cala saladeta, por lo cual ninguna embarcación tiene permitido fondear en esta zona.
«La ley se ha hecho para proteger las praderas de posidonia y está bien que se protejan (…) pero pensamos que ya que se hizo la ley se podrían haber puesto medidas como la instalación de boyas ecológicas o alguna solución para que se pudiera fondear de forma controlada», se queja María. La propia Ley contempla a renglón seguido de la prohibición precisamente la posibilidad de fondear sobre las praderas de posidonia si se hace «utilizando sistemas de bajo impacto» como pueden ser las «boyas unitarias o campos de boyas».
María explica que al ser una isla cercana a la península ibérica son muchas las embarcaciones que la visitan durante el verano que traen a este establecimiento «una clientela muy buena» al restaurante.
Las hermanas explican que existía un proyecto del Ayuntamiento de Sant Antoni para instalar un pantalán en la zona que permitiera el desembarco de personas en la cala que todavía ha recibido autorización.
Las propietarias del negocio de playa temen que sin unas boyas ecológicas en la zona o la alternativa del pantalán que ofreciera la posibilidad de desembarcar en la cala, no acudirá a la zona esta clientela, lo que supondrá unas pérdidas que no se atreven a cuantificar.
Normativa de interés general
Desde el ayuntamiento confirman que existe este proyecto para habilitar «un muelle o pequeño pantalán» que se presentó a Costas en 2017 sobre el que todavía no se ha obtenido respuesta. En cualquier caso recuerdan que se trata de un proyecto que «pretendía preservar la zona de baño, no beneficiar los intereses económicos de ningún empresario».
El decreto autonómico se considera «necesario» por parte del consistorio. Recuerdan la obligación de las administraciones de hacer cumplir la normativa existentes, y añaden que «las playas y el mar pertenecen a todos y por tanto es el bien común el que debe estar por encima de los intereses particulares». Además valoran que desde el sector empresarial se debería entender que buena parte del atractivo de sus negocios radica en la protección del entorno.