La formación de los nuevos gobiernos municipales el pasado sábado conllevaba una serie de cambios orgánicos más allá de la composición de los equipos de gobierno. Así, en el caso de Sant Antoni, la hasta ahora directora técnico de Seguridad, Ángeles Gallardo, cesó de su cargo durante la jornada del viernes.
La salida de Gallardo se consumaba después de cuatro años marcados por la polémica que envolvió a su nombramiento y contratación, ya que este cargo de confianza costaba 60.000 euros anuales a las arcas municipales.
El anterior equipo de gobierno creó en noviembre de 2015 la figura que hasta la semana pasada ostentaba Gallardo, mano derecha de la exedil de Governació, Aída Alcaraz.
En su día, el Ayuntamiento explicó que Javier Verdugo seguía siendo el oficial de mayor rango, pero que la dirección del cuerpo correspondería a Gallardo.
En los tribunales
El nombramiento abrió un frente entre el anterior equipo de gobierno y el jefe de la Policía Local, Javier Verdugo, quien llevó la contratación de Ángeles Gallardo ante los tribunales.
En noviembre de 2016 una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma estimaba plenamente el recurso planteado por Verdugo contra «el acuerdo del pleno de Sant Antoni, de 28 de febrero, contra el decreto del alcalde por el que se autorizaba el nombramiento de Ángeles Gallardo como personal eventual, cargo de confianza en el puesto de directora de Seguridad de la Corporación, con efectos desde el 2 de febrero, y contra la resolución en la que se contiene las funciones del puesto de director de Seguridad, publicada en el BOIB, el 23 de febrero de 2016».
No obstante, el Ayuntamiento recurrió esta primera sentencia y, en octubre de 2017, el TSJIB estimó la apelación y revocó la sentencia que anulaba la contratación de Ángeles Gallardo.
Pero la vía judicial no se cerró aquí ya que Javier Verdugo también llevó a los tribunales a Aída Alcaraz, quien está investigada y pendiente de juicio por un delito de acoso laboral al jefe de la Policía Local de Sant Antoni.