El Ayuntamiento de Santa Eulària aprobó ayer en pleno, de forma inicial y con los votos a favor del Partido Popular, la revisión de las tasas fiscales que afectan a los servicios de suministro de agua y alcantarillado. Según explicó la alcaldesa Carmen Ferrer, la revisión de precios estaba congelada desde 2008 y «las circunstancias actuales son diferentes».
Según explicó, «la demanda ha crecido y bajan los acuíferos por la falta de lluvia, lo que hace que haya que buscar agua desalada que llegue a toda la población y que sea de buena calidad. Sería irresponsable por nuestra parte no buscar una solución a la bajada de los acuíferos».
En este sentido, las modificaciones afectan a las tasas de servicio de agua a domicilio (el metro cúbico pasa de 0,67 a 1,21 euros), prestación del servicio de alcantarillado (que se mide según el diámetro del contador aumenta de 0,80 a 0,85 euros y el metro cúbico de 0,24 a 0,25 euros) y de conexión a las redes municipales por parte de viviendas, locales comerciales y plazas hoteleras (donde una vivienda para cuatro personas pasará de pagar 601 a 1172 euros).
Para el equipo de gobierno se trata de unas subidas «asumibles» por la mayoría de ciudadanos, pero se tendrá en cuenta a los colectivos más vulnerables -jubilados y pensionistas, familias numerosas, parados de larga duración y ONGs- para los que se ha establecido un descuento del 50 % por metro cúbico de agua.
Asimismo, los nuevos precios incorporan los costes de incluir cerca del 60 % de agua desalada, la implantación de sistemas de eficiencia en el consumo, «con los que los consumidores tendrán un sistema de telelectura que contará todo el agua que se consume y se contabilizarán las fugas para llegar a menos del 15%», entre otras cuestiones.
Abstenciones
Por su parte, la oposición se abstuvo de votar a favor por «cuestiones formales». Según dijo el socialista Vicent Torres ‘Benet', «antes de aprobarlo tendría que reunirse la comisión del agua para valorarlo y estudiar detenidamente la subida de precios». Por ello, no dudó en calificar el proceso de no ser «transparente».
Óscar Rodríguez, de Unidas Podemos, consideró necesario actualizar las tarifas, pero no apoyaron la subida al no concordar, dijo, con el modelo que defiende su partido. «Después de 12 años desde el inicio de la municipalización desde que se aceptaron las condiciones de Aqualia, el Ayuntamiento no ha sido capaz de gestionar el servicio de forma directa. El modelo público es el que garantiza el mejor precio», subrayó.
Sin embargo, Ferrer recordó que la concesión a Aqualia está fijada hasta 2025 y, desde 2017, se está trabajando en la segunda fase de municipalización. «Se va a empezar a suministrar agua desalada en Cala Azul, Cala Mastella y es Canar; estamos a la espera de que Sanitat confirme que se puede».
De momento, se trata de una aprobación inicial y los cambios estarán en exposición pública durante 30 días para que se puedan presentar alegaciones.