El presidente del Consell de Eivisa, Vicent Marí, el conseller de Territorio, Mariano Juan, el conseller de Transportes, Javier Torres, y la consellera de Patrimonio, Sara Ramón, han mantenido un encuentro con representantes del Colegio Oficial de Arquitectos en Ibiza en el que el equipo de gobierno de la máxima institución insular ha trasmitido su voluntad de contar con la colaboración de los Colegios Profesionales en el análisis del diagnóstico del PTI. Por ello, una vez que se disponga del documento final validado por el Consell, se trasladará a los colegios oficiales, entre ellos el COAIB, para que lo analicen y hagan las observaciones oportunas.
Tal y como ha explicado el conseller de Territorio, Mariano Juan, “nuestra voluntad es reforzar la colaboración entre los profesionales implicados en la gestión del territorio y el Consell, por ello consideramos fundamentales las aportaciones que puedan realizar, entre otros desde el COAIB, a este diagnóstico y que de ello, surja un análisis lo más completo posible. Hasta ahora no se les había dado la oportunidad de participar y hemos considerado positivo cambiar esta dinámica”.
Además de esta propuesta de colaboración, en la reunión se abordaron otras cuestiones referidas a la gestión del patrimonio, el turismo, el desarrollo social y económico, que el COAIB recopiló en un Memorandum que presentó al equipo de gobierno. Entre algunos de los temas tratados, Juan ha destacado la necesidad de que haya colaboración entre el Consell y los distintos ayuntamientos de la isla, especialmente los de Eivissa, Sant Antoni y Sant Jose, para actualizar sus planeamientos urbanísticos y que puedan desarrollar los suelos urbanos existentes y, de esta forma, disminuir la presión sobre el suelo rústico. Además, se habló de la necesidad de agilizar y simplificar los trámites administrativos, con propuestas como reducir los tiempos sustituyendo las licencias de obra por comunicaciones previas.
Por último, el conseller de Territorio ha destacado la unanimidad mostrada en la reunión por volver a implantar la Disposición Transitoria 10ª de la LUIB que permitía legalizar viviendas en suelo rústico con una antigüedad y rehabilitar o reformar lo que ya ha sido edificado. “Vamos a estudiar la reclamación de la recuperación de esta DT 10ª que suponía devolver a la legalidad construcciones en las que viven muchas familias que no son culpables de las infracciones cometidas hace mucho tiempo y que permitía adecuar sus viviendas sin consumir territorio y con una recaudación muy importante destinada por ley a la protección del medio ambiente”